Para 2020, Migración Colombia reportó el ingreso a su país desde Venezuela de cerca de 25.000 niños y adolescentes sin acompañamiento de un adulto
Un menor jamás desconfía de otro menor. Lo percibe como su igual, un potencial amigo o cómplice de aventuras o travesuras. Jamás lo ve como una amenaza.
Basándose en esta idea, bandas dedicadas a la trata de personas y a la prostitución infantil usan niños y adolescentes para atraer a otros menores, captarlos y someterlos a condición de esclavitud moderna en burdeles, antros, o hasta para ponerlos “a la venta”.
Según una investigación de la periodista Mariana Duque para Connectas y Diario de Los Andes los “arrastradores” son responsables de buena parte de la migración de niños y adolescentes sin compañía de adultos de Venezuela a Colombia en los últimos años.
El trabajo cita la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, ente que asegura que “existe un alto flujo migratorio infantil de Venezuela a Colombia del que no hay datos precisos”. Destacan que para 2020, Migración Colombia reportó el ingreso a su país desde Venezuela de cerca de 25.000 niños y adolescentes sin acompañamiento de un adulto. Unos 272 estarían en el sector de La Parada, en Villa del Rosario, cita el Diario de Los Andres.
El secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, aseguró en octubre de 2021 que 45% del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años, ingresando a Colombia unos 200 migrantes diarios, la mayoría solos y sin documentación, a través de caminos ilegales controlados por grupos criminales organizados de ambas naciones.
El trabajo de Connectas describe el papel de los “arrastradores” en la captación de otros niños y adolescentes para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral. El reportaje recuerda que la frontera colombo-venezolana se mantiene cerrada desde agosto de 2015.
El Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Bolívar del estado Táchira recibió entre 2020 y 2021 a nueve menores de edad repatriados, víctimas de explotación sexual, captados por otros menores, con al menos dos casos frustrados de adolescentes que intentaron pasar a cuatro menores por el Puente Internacional Simón Bolívar. El Observatorio Asuntos de Género del Departamento Norte de Santander, en Colombia, identificó cinco casos de menores de edad víctimas de trata en el mismo período.
Modus operandi
Los niños y adolescentes “arrastradores” ubican a otros menores de su misma edad y los convencen de huir de casa, ofreciéndoles teléfonos de alta gama, dinero, un trabajo con buena remuneración y la oportunidad de ayudar a su familia. Sus principales blancos son menores en situación de pobreza, con carencias de alimentación y servicios básicos (agua y electricidad).
Una vez en territorio colombiano y entregados a la red de trata de personas, los amenazan con matarlos a ellos o a sus familias para que no escapen, pidan ayuda o recurran a las autoridades, indica la investugación de Duque.
Según una fuente del Observatorio Violencia de Género del Norte de Santander, Colombia, los mismo “arrastradores” también podrían ser víctimas de la trata y usados para la captación, por lo que también estarían siendo vigilados.
No, papá, me tienen amenazada, que me van a matar a la familia, que ella mueve mucha gente, y aquí va otra señora con nosotros»
Daniela, niña víctima de trata de personas
Sin registros
Wilman Rivera Torres, jefe de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y director de la Policía del Táchira, niega que en los organismos de seguridad venezolanos existan registros porque no hay denuncias sobre trata, ni de menores “arrastradores”, ni de niños desaparecidos en la frontera, cita el Diario de Los Andes.
Fundación Redes (Fundaredes) ha denunciado que, cuando representantes de un menor de edad desaparecido van al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), son coaccionados para que no formalicen la denuncia. “Es un patrón por parte de funcionarios del Cicpc: los familiares acuden a denunciar e inmediatamente les dicen ‘no denuncie, quédese tranquila’; entonces, de alguna manera, intentan amenazar, amedrentar, a decirles que tendrán consecuencias si denuncian estas desapariciones”, confirmó Clara Ramírez, directora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, a Connectas y el Diario de Los Andes.
Notas de Hoy 