El asesinato del abogado Ramón Carmona Vásquez desató una tormenta que golpeó duramente a la policía científica

Hace 44 años, el 28 de julio de 1978, en un año mucho más candente por el panorama electoral que se vivía y que había tenido como clímax, en marzo, la muerte del candidato presidencial Renny Ottolina, ocurriría uno de los casos más sonados de la historia de la violencia venezolana.

Es la historia del asesinato del abogado penalista de origen trujillano Ramón Carmona Vásquez, de 36 años, quien venía acaparando espacio en los titulares debido a los casos que llevaba, pero sobre todo por sus polémicas acusaciones.

Carmona se había convertido en un duro crítico de la gestión del comisario Manuel Molina Gásperi frente al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), antecesor de lo que hoy es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Las acusaciones se dirigían especialmente contra su director, Molina Gásperi, a quien acusaba de presunta corrupción administrativa y de usar su poder a favor de sus familiares.

El director de la CTPJ ya estaba en medio de un huracán mediático debido a que, en marzo, funcionarios del Grupo de Apoyo Táctico de Operaciones, (GATO) destruyeron los restos de la aeronave en la que murieron Renny Ottolina, su jefe de campaña Carlos Olavarría y tres acompañantes.

La destrucción del avión, sin mayores investigaciones para esclarecer el siniestro, hizo que se afianzara la tesis sobre la participación de factores del poder político en el supuesto asesinato de Renny.

La rivalidad entre Molina y Carmona llegó a un punto crítico. El penalista anunció que presentaría “pruebas contundentes” sobre la vinculación del funcionario con casos de corrupción, sobre un caso de extorsión realizado contra un empresario, y otros casos que incluirían señalamientos contra los familiares de Molina.

La tarde del 28 de julio Ramón Carmona Vásquez caminaba por la avenida Andrés Bello, frente al edificio Centro Andrés Bello, cuando dos hombres se bajaron de un carro e intentaron hacer que los acompañara. Hubo un forcejeo, Carmona trató de huir, pero uno de los sujetos le disparó y el abogado terminó recibiendo 15 tiros.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la misma policía denunciada y, a pesar de los encubrimientos, se determinó que los asesinos eran del grupo Gato.

Luego se detuvo a los funcionarios Xavier Jesús Anuel Pacheco –condenado a 21 años de presidio– y Pablo José Díaz Martínez –14 años preso–. El primero fue el autor material del asesinato y el segundo su cómplice directo. También fueron condenados Jesús Enrique Villarroel y Domingo Sánchez, por su participación en el crimen, y detenidos más de 20 funcionarios por encubrimiento.

Los detenidos no actuaron en forma autónoma, lo hicieron como subordinados de Manuel Molina Gásperi, así que el 8 de noviembre de ese año, el flamante director del CTPJ fue detenido e imputado como autor intelectual del crimen. Sin embargo, fue liberado. Moriría años más tarde en un accidente de aviación. Nunca se inició el juicio en su contra.

Carmona dejó tres hijos. Durante años su esposa, Gladys de Carmona, luchó contra el Estado por la indemnización. En 2007 el TSJ ordenó a la República pagar mil cien millones ciento un mil ochocientos noventa y siete bolívares de los anteriores, o su equivalente en bolívares fuertes, por daños y perjuicios causados por el asesinato. Dos magistrados salvaron sus votos por considerar que la cantidad era inferior a los daños morales y sociales causados.