Las drogas corrompen la sociedad, penetran los organismos policiales, compran juicios y jueves y puestos en poder político

Mucho se ha hablado de la droga y su poder corruptor de la sociedad, decenas, quizá cientos de policías y militares, quienes están en la primera línea en la lucha contra el narcotráfico, han caído en sus garras, muchos vendieron su conciencia y se hicieron los ciegos mientras pasaban los cargamentos cerca de ellos. Jueces, fiscales, abogados han sido manchados con su dinero y políticos han terminado tras las rejas por su participación en el narcotráfico.

Esta es una historia de la Venezuela de finales del siglo XX, de las hombreras, de las corbatas finitas y los pantalones baggy. Se remonta al año 1987, específicamente al día 5 de febrero cuando una comisión de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) detenía un carro con placas del Congreso en las cercanías de Valencia, estado Carabobo.

La operación se había iniciado dos meses antes tras una denuncia anónima. Según cuenta la historia, una llamada telefónica alertó a los funcionarios de la policía política de la época sobre un miembro del Parlamento venezolano, un diputado electo por el partido Opinión Nacional (Opina), quien estaría involucrado con el narcotráfico.

Según la denuncia, se trataba de un diputado por el estado Zulia, identificado como Hermócrates Enrique Segundo Castillo González, quien en compañía de otras personas formaría parte de una organización colombo-venezolana dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína en las ciudades de Maracaibo, Barquisimeto y Caracas.

Sin que se diese cuenta, el parlamentario fue vigilado por los efectivos y mantenido bajo estrecha observación, así se determinó que realizaba al menos dos viajes semanales al estado Zulia y regresaba, lo cual no levantaría mayores sospechas debido a que era diputado por esa entidad, sin embargo al parecer mientras estaba en Maracaibo recibía visitas de personas vinculadas con el mundo del narcotráfico.

Fue así como llegó la madrugada del miércoles 4 de febrero, cuando comisiones policiales interceptaron el vehículo del diputado, quien alegó que no podía ser requisado debido a que estaba protegido por la inmunidad parlamentaria. Sin embargo entre los presentes se encontraba su par Vladimir Gessen, quien para ese entonces formaba parte de la subcomisión especial del Congreso contra el tráfico ilegal de drogas.

Al abrir el maletero del vehículo, fueron localizados 5,5 kilogramos de la droga y un arma de guerra, que nunca fue especificada. Por el hecho fueron detenidos el diputado y los demás pasajeros del vehículo, Hely Pimentel, Darío Fernández y Joáo Fernández, este último sería presunto comprador de la droga localizada.

El escándalo sacudía los cimientos del poder político, pronto el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, solicitaría al Congreso el allanamiento y retiro de la inmunidad parlamentaria de Castillo para que fuese sometido a juicio, mientras tanto se abría un debate político sobre el tema, debate que no dejó muchos frutos.

El proceso se llevó a cabo con celeridad y dos años más tarde, el 29 de julio de 1989, el exdiputado era condenado por el Tribunal Superior Cuarto Penal del estado Carabobo a cumplir 29 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y de armas de guerra, pagaría su condena en la cárcel de Tocuyito, donde falleció cumpliendo la sentencia. Años más tarde dos diputados y una alcaldesa, todos oficialistas, caerían con las manos en la masa, nada se aprendió de la historia de Castillo.