El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que en lo que va del año 2022 se han imputado a 533 funcionarios y 20 colaboradores particulares por casos de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH). El balance es una clara respuesta al informe presentado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las autoridades en la comisión de delitos contra los DDHH.

Durante un balance ofrecido, Saab destacó que la cifra es la más alta de los últimos cinco años y representa más del doble de las imputaciones realizadas en 2021. Añadió que en total, desde su llegada a esta institución, se han imputado un total de “1.463 personas por cometer abusos y violaciones en esta materia”.

En cuanto al número de acusaciones, el Fiscal General resaltó que asciende a 398 funcionarios y 34 civiles colaboradores, lo que arroja un total de 432 personas acusadas durante 2022, mientras que desde el 2017 la cifra total de acusados alcanza 1.627 entre funcionarios y civiles

También informó que en lo que va de este año han sido detenidos 181 funcionarios y 8 civiles por violaciones a los derechos humanos, y que desde 2017 a la fecha van 769 funcionarios y 39 civiles, para un total de 808 privados de libertad.

Igualmente, precisó que el Ministerio Público ha logrado durante el año condenas contra 64 funcionarios y 19 civiles, para un total de 83; siendo el total de condenados desde 2017 de 358, de los cuales 261 eran funcionarios, lo que representa una efectividad en las condenas de apenas 16%.

Al respecto, Saab resaltó el carácter incuestionable de las cifras presentadas, lo que revela el trabajo, la diligencia y las investigaciones que se adelantan desde la institución que dirige.

Casos relevantes

Sobre los casos con condenas en materia de violación a los derechos humanos, el titular de la acción penal destacó el homicidio de David Vallenilla en los alrededores de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en junio de 2017, cuyo autor fue condenado en octubre de 2021 a 23 años de prisión.

Asimismo, recordó que el 4 de noviembre de 2021 fueron condenados cuatro exfuncionarios de la Policía municipal de Naguanagua a cumplir una pena de 28 años y 7 meses de prisión, así como dos efectivos de la Policía del estado Carabobo, por la muerte de Leonardo González en el marco de una protesta ocurrida el 27 de julio de 2017.

De igual manera, indicó que el Ministerio Público logró una condena de 26 años y 3 meses de prisión para dos funcionarios de la Policía del estado Carabobo por el homicidio de Daniel Queliz.

También se refirió al caso del exconcejal Fernando Albán, por el cual resultaron condenados dos funcionarios del Sebin a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada. Con lo que el gobierno mantiene, de manera subrepticia, la tesis del suicidio del edil capitalino.

En cuanto al caso del adolescente Rufo Chacón, mencionó que se les impuso una pena de 27 años y 9 meses y 21 años y 5 meses a dos exfuncionarios de la Policía del estado Táchira, como autores y colaboradores del hecho.

Adicionalmente, señaló que un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui fue condenado a 25 años y 8 meses de prisión por el homicidio de César Pereira.

Finalmente, se refirió al caso de la muerte de Juan Pablo Pernalete, por el que fueron acusados los exfuncionarios Alejandro José Lorenzo Montero y José Alejandro Díaz Díaz, por los delitos de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.

En ninguno de los llamados “casos relevantes” la condena ha alcanzado a funcionarios de mediano y alto nivel en las cadenas de mando, ningún comandante ha sido responsabilizado por los hechos cometidos bajo su dirección y responsabilidad. 

Trabajo con la ONU

El Fiscal General de la República reafirmó su voluntad de seguir en un diálogo genuino y constructivo con las instancias internacionales de derechos humanos, y en este sentido destacó el trabajo realizado por la institución que dirige en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Detalló que se han recibido denuncias por parte de la referida instancia, que han sido investigadas y en las que se han producido resultados que han sido reconocidos por la Alta Comisionada en sus informes.

Expresó que la Alta Comisionada resaltó que la República Bolivariana de Venezuela ha adoptado medidas para el fortalecimiento del Estado de derecho, incluyendo la adopción de medidas legislativas en el Código Orgánico Procesal Penal destinadas a reducir el retraso procesal en los procedimientos judiciales; que ha abordado la detención preventiva y prolongada y el hacinamiento en los centros de detención, y que se ha avanzado en la reforma de las policías.

Sin embargo, no dijo nada sobre la negativa a permitir el ingreso al país, a los integrantes de la comisión designada por la ONU para conocer los casos de violaciones a los DDHH.