Hace ocho años un tribunal determinó que la institución educativa no tenía responsabilidad alguna en los crímenes perpetrados por uno de sus profesores. El año pasado una de las víctimas introdujo una nueva demanda contra el centro

Los abogados Javier Pipkin y Eddy Méndez solicitaron a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fije fecha a una audiencia para cerrar la demanda civil por abuso sexual que sufrió un estudiante a manos de un docente de la Escuela Campo Alegre (ECA). ubicada en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda.

Para el momento de ocurrir el hecho, en 2009, la víctima contaba con 12 años de edad.

El caso contra la Escuela Campo Alegre está vinculado a prácticas de pedofilia masiva perpetradas por un hombre identificado como William James Vahey, educador norteamericano que trabajo en la ECA entre 2002 y 2009. Entre las actividades que dirigía Vahey se encontraba el “receso de primavera” o «spring break», durante el que estudiantes de la ECA viajaban a países centroamericanos en Semana Santa, explican los abogados de la víctima.

Pipkin y Méndez explicaron que la audiencia en la Sala Social del TSJ ha sido suspendida en dos ocasiones-28 de julio y 29 de septiembre pasados- por diversas razones.

“El llamado que le hacemos a la Sala Social es a cumplir su compromiso con la justicia, con la sociedad venezolana; hace falta una sentencia ejemplarizante en este caso, nadie está por encima de le ley”, declaró Méndez, quien alertó sobre los efectos perversos que causa la pedofilia en los niños y en su grupo familiar.

“Necesitamos que la Sala Social fije fecha pronto para la celebración de la audiencia final, la justicia debe ser expedita; este es un caso con un retardo procesal exagerado”, acotó.

El abogado recordó que los juicios de Lopnna están diseñados para durar menos de un año y el presente ya va para ocho años.

El abuso sexual por el que demanda la víctima, cuyo nombre se protege, ocurrió en la Semana Santa de 2009 durante un viaje a Costa Rica en compañía de otros alumnos de la Escuela Campo Alegre. Vahey los acompañaba como profesor responsable del grupo.

Según explican los abogados de la víctima. Vahey pasaba por las habitaciones donde se alojaban los estudiantes y les ofrecía galletas rellenas con crema previamente mezclada con potentes somníferos. Una vez estaban profundamente dormidos abusaba de ellos y les tomaba fotografías que guardaba en un pendrive personal.

Ese mismo año 2009 Vahey se fue de Venezuela. Se mudó a Managua, Nicaragua, en 2014. Una empleada doméstica descubrió el pendrive con las fotos y entregó el dispositivo de almacenamiento a la directora del colegio donde Vahey daba clases, El profesor, indican los abogados, admitió que sí abusó de esos escolares y que venía haciéndolo desde 1972 «en los diversos colegios donde estuvo impartiendo clases, diseminados en cuatro continentes».

«La directora del American Nicaraguan School entregó el pendrive al Buró Federal de Investigación (FBI) que tenía una oficina en la embajada de Estados Unidos ubicada en Managua. A raíz de ello, el FBI publicó un cartel de alerta catalogando a Vahey como ‘el pedófilo más prolífico de la historia'», acotaron los abogados de la víctima.
 
Expertos del FBI informaron a padres y representantes de 30 alumnos de la Escuela Campo Alegre en mayo de 2014 «para informarles oficialmente «que ese grupo de estudiantes estaban considerados como víctimas de abuso sexual».

Uno de esos jóvenes abusados demando en diciembre de 2014 a la Escuela Campo Alegre ante la Lopnna de Caracas, pero «esos tribunales no encontraron responsabilidad en la Escuela Campo Alegre y declararon sin lugar la demanda», añaden los abogados Pipkin y Méndez.

La Sala Social del TSJ recibió en octubre de 2021 el expediente de demanda proveniente del Juzgado Superior 3º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas. En noviembre de 2021 el demandante, por medio de sus abogados, presentó un recurso de apelación solicitando que se declare a la Escuela Campo Alegre como responsable de daño moral por ser la institución que contrató a Vahey como educador, acotan los abogados.

La Sala Social admitió la participación de la Defensoría del Pueblo en el juicio en mayo de 2022. La sustanciación del caso concluyó en julio pasado, Las audiencias fijadas para el 28 de julio y el 29 de septiembre fueron suspendidas.