Se vulneran Derechos Humanos en áreas limítrofes, denuncia ONG

Ante la mirada de las autoridades competentes, grupos armados se han adueñado del territorio limítrofe venezolano en los estados Apure y Bolívar, lo que redunda en graves daños a la población civil, refleja la ONG FundaRedes en su informe Contexto Fronterizo correspondiente al mes de noviembre de 2022.

El texto reseña «saldos importantes de afectaciones a la vida y propiedad, siendo esto parte de los hechos violentos en frontera durante el mes de noviembre».

El informe denuncia «la proliferación de actividades relacionadas con la esclavitud moderna, narcotráfico, detenciones arbitrarias, deficiencia en la prestación de los servicios públicos y atención hospitalaria que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes no tienen una respuesta oportuna para superar las condiciones precarias en que se encuentran», señaló FundaRedes.

Esta ONG monitorea, documenta y registra violaciones a los Derechos Humanos en las zonas fronterizas de los estados Anzoátegui, Delta Amacuro, Apure, Bolívar, Táchira y Zulia.

Según el estudio fronterizo correspondiente a noviembre de 2022, el estado Zulia continúa encabezando la lista de entidades con mayor índice violento. Durante noviembre se registraron enfrentamientos armados entre cuerpos de seguridad y miembros de las bandas “JL”, “Los Pitufos” y “El Adriancito”.

Las comunidades indígenas Wayúu y Añú, en la Guajira mostraron altos índices de desnutrición y embarazos en niñas y adolescentes, «hechos a los que se le suman la gran cantidad de derrames de petróleo en esta entidad fronteriza, los cuales dejan saldos graves de ecocidios por parte de las empresas petroleras», acota el informe.

FundaRedes detalló que «en lo que va del año 2022 se han evidenciado cuatro derrames que ha provocado la muerte de especies marinas y fauna silvestre, condenando al hambre y la miseria a pescadores artesanales que cuentan con lo obtenido en estas labores como único medio de vida» en Zulia.

En el estado Bolívar FundaRedes detalló que hubo allanamientos, detenciones arbitrarias y amenazas a trabajadores.

Táchira sigue registrando un aumento significativo de hechos violentos donde se vulneran los derechos humanos, por lo que «esta entidad andina continúa posicionándose como la primera en la unidad de análisis de desapariciones y/o secuestros, por su conexión y la dinámica propia entre la frontera colombo-venezolana».

En Apure FundaRedes habla de «hechos graves de violencia» que «también ha dejado desde homicidios, desapariciones forzosas, hasta desplazamientos, durante el mes de noviembre, así mismo figura el hecho donde varios integrantes de una familia residente en la población de El Amparo fueron asesinados», incluidos padre, madre y un tío, mientras que cinco niños quedaron totalmente desamparados «dentro de la espiral de violencia y criminalidad por las actuaciones de los grupos armados irregulares».

En Anzoátegui «los índices de actuaciones violentas han puesto en la punta del iceberg el uso excesivo de la fuerza y abuso de poder». FundaRedes se hizo eco de «las denuncias hechas por el coordinador del movimiento de trabajadores de la Salud en el estado Anzoátegui, quien demanda que equipos de refrigeración de la morgue del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti tienen tres años inoperativos, dejando en total vulnerabilidad y riesgo a pacientes y miembros del centro de salud lo que puede generar epidemias de enfermedades como la peste, cólera, tuberculosis y viruela».

En Delta Amacuro actúan redes de trata y tráfico de personas, «lo que se refleja en el análisis que realiza FundaRedes que, por la desesperación de la emergencia humanitaria compleja que viven estos pobladores, se ven obligados a incluirse en estas actividades ilícitas, para poder sobrevivir», agrega el informe de noviembre.

Según FundaRedes, para el año escolar 2022-2023 se matricularon 190 mil 499 niños y jóvenes menos que en el periodo escolar anterior (2021-2022), según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Esto se traduce en 7.051.074 inscritos en los centros educativos del país.

55 reclusos fallecieron en calabozos de centros de detención preventiva en lo que va de 2022, mientras que 2.624 padecen o han padecido de alguna patología médica y menos del 8% de los centros de detención preventiva cuentan con algún servicio de enfermería, acota el informe de FundaRedes.

La ONG denuncia que el Estado venezolano «de manera evidente y sistemática continúa vulnerando los derechos humanos, siendo esta una situación negativa para las personas que se encuentran en estos sitios vulnerables y peligrosos, por la presencia de grupos armados irregulares, donde no se evidencia la protección del Estado».

Aquí consigue el informe completo de noviembre de FundaRedes.