Reportó la ONG en su escrito a Acnudh un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales»
La Organización No Gubernamental Cofavic denunció presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ante el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, quien se encuentra de visita en Caracas.
Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989) promueve y defiende los Derechos Humanos en Venezuela, da apoyo jurídico y psicológico a víctimas de violaciones a Derechos Humanos, documenta ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzadas.
Por medio de una carta, Cofavic destacó que desde 2012 «se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad».
La ONG, que el gobierno venezolano vincula a «gobiernos extranjeros», ha documentado en los últimos 10 años 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para «un promedio superior a las 1.400 muertes anuales».
Cofavic aseguró que desde 2012 «se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad».
Según la carta entregada a Türk, «el Ministerio Público… informó a la ONU que entre 2017 y 2021 inició 4.890 investigaciones relativas a ejecuciones extrajudiciales y añadió que hubo sentencias condenatorias solo en 16% de los casos. Si se considera que este dato procede de una fuente oficial, queda evidenciada la gravedad de este fenómeno violatorio del derecho a la vida y, sobre todo, el margen de impunidad que prevalece».
Denuncia la ONG que en este período de 10 años se han desplegado operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas vulnerables, «durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», reportó Versión Final.
Reportó la ONG en su escrito a Acnudh un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales».
El reporte de la ONG relata que al menos 33 personas fallecieron y 120 resultaron detenidas en una operación de seguridad denominada , desplegada entre abril y septiembre de 2022. «Se ha identificado la participación de 1.500 funcionarios en estos operativos, realizados en los sectores más vulnerables económicamente», agrega la carta.
«Lamentablemente, esto solo demuestra la continuidad del uso desproporcionado de la fuerza durante los operativos de seguridad ciudadana, denominados de forma distinta en la década reciente, los cuales incluyen casos muy graves como los ocurridos en el sector Cota 905 (Caracas, 2021), Las Tejerías (estado Aragua, 2022) y José Félix Ribas (Petare, estado Miranda, 2022), cuya cantidad de víctimas afectó a numerosas familias de menores recursos», acota la carta de la ONG.
«El 24 de enero de 2023 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de Ley que claramente elimina la acción libre e independiente de las ONG, no solo nacionales sino también internacionales. Este proyecto se denomina Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. De ser sancionado como Ley, se establecerán restricciones definitivas al derecho de asociación en Venezuela», reporta Cofavic en su misiva a Türk.
«Esta reciente amenaza no es un hecho aislado, sino… es una política del Estado venezolano dirigida a minar el desarrollo legítimo y legal de las Organizaciones No Gubernamentales, en particular, mediante acusaciones infundadas de tener vínculos con el terrorismo u otros graves delitos», explica la ONG en la carta.
Enfatiza «la ausencia de estadísticas oficiales sobre vulneraciones a Derechos Humanos, lo que imposibilita contar con un diagnóstico confiable sobre la situación real del país, y causa tanto la invisibilización como la criminalización recurrente de las víctimas. Por otra parte, el Estado venezolano rechaza y desconoce desde 2015 la mayoría de las principales recomendaciones realizadas por los mecanismos convencionales y extraconvencionales de la ONU, el más reciente de los cuales ha sido el EPU (Examen Periódico Universal de Naciones Unidas)».
«En Venezuela enfrentamos una grave crisis de derechos humanos, cuyas razones estructurales no solo se mantienen, sino que se han profundizado. Así fue señalado en informes y declaraciones de la Fact Finding Mission de la ONU para Venezuela, así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según las cuales existen motivos razonables para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país», resalta Cofavic en su carta a Türk.
Cofavic le pidió a Türk que la Acnudh fortalezca las «labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación», y que profundice sus vínculos, conexiones y cooperación técnica con las ONG venezolanas.
La carta está firmada por Yris Medina, directora ejecutiva, y Liliana Ortega Mendoza, coordinadora general de Cofavic.

