El retardo procesal venezolano ha impedido que se haga justicia en el caso de un triple asesinato ocurrido en Madrid, España, en el año 2016. El caso radicado en Venezuela ha sido suspendido en tres oportunidades por cambio de jueces y fiscales
El juicio por el asesinato de tres personas, ocurrido en un despacho de abogados de Madrid en 2016, está en el limbo jurídico venezolano, mientras el principal indiciado del caso, Dahud Hanid-Ortiz, está en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) quienes lo detuvieron por considerarlo un espía de Estados Unidos.
Al final, se trata de una historia de celos y de confusiones, terminaron con la vida de tres personas. El principal protagonista es Dahud Hanid-Ortiz, un venezolano, quien había renunciado a la nacionalidad y formó parte de los Navy Seals de EEUU, fue condecorado con el corazón púrpura por sus acciones en el frente en la guerra de Irak y quien finalmente tenía la nacionalidad alemana.
Todo comenzó con la relación que tuvo Ortiz con la médico Irina Trippel, amorío que, terminó e Irina viajó a España a rehacer su vida. En Madrid conoció al abogado Víctor Yoel Salas Cobeñas, un exfiscal antidrogas de Perú, con quien inició una relación, Hanid-Ortiz se enteró y comenzó el infierno.
Tras amenazar al abogado Salas Cobeñas, Hanid-Ortiz planificó el asesinato. Condujo desde Alemania a España, a Madrid, donde estaba el bufete del abogado. Se hizo pasar por un cliente y fue al baño, allí aguardó para más tarde asesinar a quien sería su primera víctima, la cubana Elisa Consuegra, al atestiguar el ataque la cubana Maritza Osorio Rivero intentó impedirlo y fue la segunda víctima mortal. Finalmente, el asesino confundió al taxista ecuatoriano John Pepe Castillo Vega y lo mató a golpes. Luego vació una botella combustible y provocó un incendio, se fue no sin antes dejar atrás las tarjetas del Cartel de Jalisco para confundir la investigación y huyó a Alemania.
Al saber que lo buscaban por las muertes, Hanid-Ortiz huiría a Colombia y de allí se iría a Venezuela, donde se radicó en el estado Bolívar, donde fue detenido por el Conas, bajo sospechas de ser espía de EEUU y entregado a la Dgcim.
Al descubrirse que no era un espía, España pidió su extradición, la cual fue negada por el TSJ, alegando que era venezolano, pesar de que era ciudadano de EEUU, ahora el juicio ha caído en el tradicional retardo procesal que se impone a los detenidos políticos.
El juicio comenzó en febrero de 2022 en Caracas, pero se decretó un cambio de la jueza encargada del caso por causas no esclarecidas, el proceso entonces tuvo que volver a iniciarse desde el principio. Poco después se suspendió de nuevo porque se cambió al fiscal, y recientemente porque la nueva fiscal fue relevada por motivos ajenos a la causa.
De esta manera, tres familias, dos cubanas y una ecuatoriana, han permanecido sin ver justicia, por razones que escapan al proceso judicial que se sigue contra el asesino, quien está en manos de la inteligencia militar venezolana. Las familias de las víctimas esperan justicia.
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