Hace 10 años más de 60 personas fueron asesinadas en una masacre que conmocionó al país

Perder la libertad en cualquier parte del mundo implica un durísimo golpe para los afectados. Las condenas impuestas por la comisión de delitos son severas, y ser disuasivas es su objetivo.

Pero, lo que en cualquier país puede ser un drama, en los países en vías de desarrollo se convierte en un infierno.

En naciones agobiadas por la pobreza, los presos dejan de ser una prioridad y los recursos se dedican a otras áreas. Las cárceles terminan siendo enormes contenedores de las miserias humanas donde el hambre, el hacinamiento, la enfermedad, la violencia y la muerte son piezas de un drama que consume a miles de personas atrapadas en sus vísceras.

La historia de la violencia en Venezuela está plagada de nefastos hechos ocurridos en los centros de detención; motines en cárceles como La Modelo, el Retén de Catia, El Recreo, El Rodeo, Sabaneta, Tocorón, son capítulos de la historia penitenciaria que iremos contando con el tiempo.

Hoy recordaremos uno de los más infames, donde murieron más de 60 personas que se hallaban bajo resguardo del Estado: la masacre de Uribana.

Hace 10 años, el 24 de enero de 2013, voceros de la cárcel anunciaban que en “las próximas horas” realizarían una requisa: pretendían sacar de circulación armas y drogas que se presumían en manos de la población.

En esos años, la mayoría de las cárceles venezolanas estaban bajo el control de los presos, quienes fundaron lo que se conocería como el pranato. Los directivos, guardias y custodios de las cárceles tenían un papel secundario en la seguridad de los centros y a veces eran cómplices en el tráfico de armas a la población penitenciaria.

Cuando el director de la cárcel anuncia ante los medios que realizaría una requisa, los presos, que no estaban incomunicados -tenían televisores, radios- se enteraron de lo que se les venía.

La mañana del 25 de enero, cuando fuerzas del Ministerio de Servicios Penitenciarios ingresan armadas a la cárcel larense para la requisa, dentro se escuchan disparos y gritos, lo que hace que familiares de los presos se trasladen al centro.

Horas más tarde ingresa la Guardia Nacional con tanquetas y, luego de un intenso tiroteo, se informa que los presos se enfrentaron y en el choque murieron 58 de ellos. Ningún guardia o custodio resultó herido.

El incidente fue calificado como una masacre y organizaciones internacionales exigieron responsabilidades. El papa Benedicto XVI oró por las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación debido a que las autoridades culparon a los medios de comunicación del fallido operativo y sus consecuencias, cuando los medios simplemente publicaron las declaraciones oficiales de autoridades del penal.

Tras la requisa se incautaron 27 revólveres, cinco escopetas, 62 pistolas, cuatro subametralladoras, ocho fusiles, cuatro chopos, 12 granadas, 108 cargadores para pistola, dos cargadores para escopeta, 12 bombas lacrimógenas y una corredera para pistola, además se decomisaron 8.560 municiones y teléfonos móviles.

Nadie fue sancionado por las más de 60 muertes. No hubo investigación de la Fiscalía ni sanciones a los responsables. La impunidad fue la única ganadora en esa masacre ocurrida diez años atrás.