Los estados Bolívar y Zulia son los más violentos de toda el área limítrofe venezolana, según la ONG

Un total de 19 mujeres se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, y cuatro de ellas fueron condenadas con la pena máxima, equivalente a 30 años de prisión, informó FundaRedes. La ONG denunció lo que considera «crímenes de lesa humanidad cometidos por parte del Estado», incluidos «detención arbitraria, encierro, irregularidades en los procesos penales, separación familiar, torturas físicas y psicológicas, abusos», entre otros, según su informe Contexto Fronterizo correspondiente a diciembre de 2022,.

Explicó la ONG que habrían sido destruidos «61 laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína y 118 pistas clandestinas destinadas a su distribución», lo que evidenciaría, acotó, que sus denuncias indicarían la presencia de grupos armados irregulares en Venezuela «con la permisividad y mirada silente del Estado».

FundaRedes aseguró en su informe de diciembre de 2022 que 98% de las incidencias fronterizas vinculadas a la permanencia y actuación de grupos armados irregulares en Venezuela ocurrirían bajo la mirada silente del Estado venezolano.

Colocó en su informe al estado Bolívar como el más violento durante el mes de diciembre, lo que habría provocado la salida de decenas de personas «a las calles para manifestar su inconformidad contra las hostilidades militares».

Afirma la ONG que «el Estado empuja a los indígenas Pemones a participar en la minería ilegal, otorgándoles una pequeña ganancia económica».

En el estado Zulia «se registraron al menos siete secuestros, ejecutados por bandas criminales con alto poder de fuego, y donde se presume que los criminales que perpetraron estos hechos son miembros de la banda liderada por alias ‘El Adriancito’, que opera en el corredor fronterizo de Venezuela, y lo que suma un conglomerado de afectaciones sufridas por los comerciantes», explicó.

En Amazonas denunció «la presencia de funcionarios militares hacia las minas del Parque Nacional Yapacana», lo que describió como «una operación para atacar la minería ilegal, aunque la ocupación de territorios ancestrales y la degradación de los ecosistemas, es la acción que predomina en este estado».

En Apure la ONG habló de «la irrupción en la propiedad privada por parte de efectivos del Cicpc sin orden de allanamiento a un fundo en el sector San Ramón de San Fernando de Apure, así como a un local comercial del sector días posteriores, evidencia el incumplimiento del debido proceso, junto a la mirada permisiva del Estado».

Agregó que Táchira «sigue tomado por grupos armados irregulares, quienes se apoderaron de las llamadas trochas o pasos irregulares, que actualmente están bajo el mando del ELN y la megabanda ‘Tren de Aragua’, siendo estos los partícipes de hechos violentos como el sucedido en el mes de diciembre, donde resultó asesinada Sagrario Tovar, que se dedicaba al traslado de personas por esta vía».

La ONG aseguró que los pobladores del estado Sucre viven «en constante zozobra» debido a que «ganaderos padecen la pérdida casi absoluta de 10.000 reses, extorsión a pescadores, productores de coco, cacao y otros productos agrícolas, además que grupos delincuenciales exigen a comerciantes el pago de ‘vacuna’ permanentemente, incluso las personas que venden un vehículo o inmueble deben entregar la mitad del dinero».

En Guárico «el ‘Tren del Llano’ sigue oprimiendo a los ciudadanos, con el incremento de actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y ajusticiamiento, lo que refleja que por más operativos de seguridad que se realicen, se deben tomar acciones para aminorar los hechos violentos que marcan la frontera y sus adyacencias».

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