La organización considera que cuando los entes de seguridad del Estado son responsables de muerte o incapacidad, sus familiares directos sufren por partida doble, pues a la pérdida se suma la indefensión

La violencia afecta no solo a sus víctimas directas. También golpea, a los familiares de las víctimas, sobre todo a los menores de edad, que en muchos casos terminan siendo abandonados, abusados, obligados a trabajar, padeciendo hambre u forzados a dejar la escolaridad por la migración, muerte, incapacidad o encarcelamiento de sus familiares directos.

Según Cecodap, organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, «la violencia armada a manos de funcionarios de seguridad del Estado y la ausencia de los mecanismos» para la protección de la infancia «genera que sean hombres jóvenes, y sus familias, las principales victimas».

En la investigación Infancia de luto, realizada por Cecodap y Efecto Cocuyo, se analiza la situación de niños que perdieron a sus padres producto de la violencia.

Francisco Sánchez, psicólogo de Reacin, y Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, aseguran que el Estado venezolano «vulnera la integridad de los niños, niñas y adolescentes» en medio de «la violencia armada». señala Cecodap en un informe.

El primer problema para mujeres y niños es el cambio en su rutina, y el peso psicológico que deben afrontar como consecuencia del conjunto de vacíos legales e institucionales para resolver las diligencias relacionadas con la muerte de un familiar directo producto de la violencia, indica Sánchez.

Un niño «víctima de la violencia, es una víctima desasistida: sin acompañamiento psicosocial, difícilmente con acceso a la justicia, y con un sistema de protección con medidas de tutela, abrigo o protección familiar que dificilmente efectivas», añade Trapani.

¨Un niño que pierde a sus padres producto de la violencia, no solo pierde su estructura familiar y el derecho a crecer en una familia completa, sino también su integridad física, psicológica, el derecho al bienestar y a jugar. Hay una vulneración masiva de derechos frente a la violencia¨, añade Trapani.

Para ambos especialistas, la principal deficiencia del Estado frente al problema de la violencia armada es la impunidad jurídica e impunidad emocional, ya que no existe una garantía de satisfacción y no repetición.

¨Las consecuencias de la violencia en nuestra sociedad siempre se privatizan, desde lo personal, cuando es un problema público¨, dice Sánchez, quien resalta que la justicia y el acceso a la verdad es parte del proceso en la resolución de la muerte de un familiar.

Destacan como responsabilidad del Estado «la reparación, rehabilitación e indemnización frente a un hecho violento, así como la no estigmatización», y acotan que el Estado debe asumir responsabilidades ante los familiares de las víctimas, incluyendo a niños y adolescentes «en el proceso de sanación tras las consecuencias de la violencia armada».

Para ayudar a los menores a sobrellevar la muerte de un familiar, siendo esta además generada por cuerpos de seguridad estatal, Sánchez propone el acercamiento a una ayuda formal por medio de un especialista o una organización, así como el apoyo en la comunidad.

Cecodap promueve la creación de espacios en los centros educativos con la finalidad de generar oportunidades de resolución de conflictos «por medio de la conversación, la no estigmatización, y lograr que la trayectoria de vida de la infancia no colapse en episodios continuos de violencia».

«El problema es que hemos normalizado la violencia contra los niños como una forma de relación y bajo la figura de autoridad parental», dice Cecodap.