Entre 2017 y 2022 fallecieron en prisión 1.032 reos, 44.86% de ellos por condiciones de salud, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
76 personas murieron en las cárceles venezolanas durante 2022, 55 de ellos por problemas de salud y 17 por heridas recibidas en los penales, informó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Mientras tanto, en los calabozos se reportaron 53 fallecidos, 27 por problemas de salud y 30 por heridas recibidas.
En su informe de 2022, el OVP denunció que la crisis penitenciaria se ha agudizado en los últimos años como consecuencia «de la corrupción en el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la falta de políticas efectivas para la reinserción social de los presos».
Explicó Prado que el abandono del sistema penitenciario «no solo ha imposibilitado el fin último de la pena, la reinserción social, sino que, además, ha sido el desencadenante de situaciones atroces en las cárceles del país».
Según el OVP, en 2022 se registraron 33.558 personas privadas de libertad -30.998 hombres y 2.560 mujeres- recluidos en 45 centros carcelarios con un hacinamiento de 164.19%.
Hacinamiento
Desde 1997 se han cerrado al menos 11 centros carcelarios, lo cual equivale a 5.800 plazas menos. Para ese año la capacidad de los penales era de 20.438 plazas.
15.733 personas privadas de libertad ya están condenadas y 17.825 procesadas, con lo que la cantidad de procesados sobrepasa a la de penados.
«También se ha mantenido como un patrón la vulneración a la presunción de inocencia, irrespeto a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva», destacó el informe del OVP.
«La falta de políticas públicas orientadas en los derechos humanos, la falta de acceso a los servicios fundamentales, las desatenciones a la salud, la escasez de alimentos, la violencia intra-carcelaria y los problemas de corrupción, no solo a nivel interno sino institucional, son solo algunos de los principales padecimientos de los cuales son víctimas las personas privadas de libertad en Venezuela», añadió el informe presentado por Prado.
Los pranes han dotado las instalaciones de las cárceles con lujos, en estos espacios encontramos cajeros automáticos, piscinas, discotecas, canchas deportivas, negocios de alimentos y se permite el ingreso de vehículos»
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Informe 2022
Explicó que el hacinamiento crítico»ha traído consecuencias gravísimas, tal como la imposibilidad de cubrir con: los parámetros de salubridad e higiene, de satisfacer necesidades fisiológicas, y de contar con los espacios destinados para ello como duchas o retretes, incluso el acceso a celdas con las medidas necesarias para el descanso, las cuales se caracterizan por albergar más de seis veces su capacidad instalada».
Los centros de detención preventiva (calabozos policiales) se han convertido por el hacinamiento en cárceles paralelas también hacinadas.
14 centros penitenciarios albergaron el año pasado a 70% de la población carcelaria, mientras que el 30% restante se distribuyó en 31 centros. Las 14 cárceles con más reclusos tienen una capacidad instalada de 10.402 pero albergan a 23.845 personas, duplicando su disponibilidad y representando un hacinamiento de 229.23%, detalló el informe.
Sin atención médica
2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por problemas de salud. 55 en cárceles y 27 en calabozos policiales. Las principales patologías fueron desnutrición y tuberculosis.
Lara, Carabobo y Bolívar fueron los estados con mayor número de fallecidos por salud.
En las cárceles faltan de médicos y personal del área de salud, medicinas, tratamientos especializados e insumos médicos, además de espacios propicios para brindar atención médica. según el OVP,
La mayoría de la población reclusa no cuenta con atención médica oportuna y hay pocos traslados a hospitales. Cuando se dan, ya se encuentran en estado de extrema gravedad.
Pago por beneficios
Familiares de reos han denunciado al OVP que se les exige cierta cantidad de dinero para el pase de paquetería —alimentos, bebidas e insumos para el consumo del interno—, para permitir visitas conyugales, para el acceso a alimentos y agua potable e incluso para traslados a tribunales.
Se ha mantenido como un patrón la vulneración a la presunción de inocencia, irrespeto a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva»
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Informe 2022
Detalla el informe que «en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de reclusos cuyas condiciones representan una situación de gravedad y urgencia para sus derechos; la Corte IDH se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado venezolano en el incumplimiento de derechos de las personas privadas de libertad, así como también ha otorgado medidas provisionales a nueve cárceles del país, de las cuales siete de ellas han sido representadas por el OVP».
Control de pranes
«El 46% de la población carcelaria venezolana está en sitios bajo el control del pranato, 43% de control mixto y 11% en control del Estado. Esta situación se ha extendido a los calabozos policiales, ya que, se identificó un primer pran en estos espacios, ubicado en el estado Zulia», enfatizó el informe del OVP.
«Los pranes han dotado las instalaciones de las cárceles con lujos, en estos espacios encontramos cajeros automáticos, piscinas, discotecas, canchas deportivas, negocios de alimentos y se permite el ingreso de vehículos», recalcó el texto presentado a los medios.
Los pranes «trafican armas y drogas, proyectándose, inclusive, fuera de los recintos carcelarios, porque el líder negativo no se limita a dirigir solo los ‘carros’, sino también unas estructuras criminales denominadas ‘trenes’, usadas para extorsionar, asesinar y aterrar al ciudadano común», mencionó con preocupación el OVP.
Añadió que «el Estado venezolano se ha dado a la tarea de armarlos, al punto en que se han convertido en individuos que infunden temor, obediencia y respeto al resto de la población penal».
«Frente a la inexistencia de cifras oficiales y objetivas, ha resultado un gran reto recopilar para nuestra organización los datos y cifras referente a la población reclusa, ello solo ha sido posible gracias al apoyo de un equipo multidisciplinario, coordinadores en los diferentes estados del país, familiares de personas privadas de libertad, y medios de comunicación», concluyó el informe.
El informe completo lo consigue aquí.

