Los contagios fueron reportados en los últimos 10 meses, entre octubre de 2022 y julio de 2023

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) registró al menos 240 casos «sospechosos» de tuberculosis en 161 calabozos policiales de Venezuela entre octubre de 2022 y julio de 2023.

UVL detalló en un informe que «, donde la «falta de distanciamiento» provoca que las «enfermedades infecto-contagiosas se propaguen con facilidad» en los centros penitenciarios y en los calabozos policiales, que no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar gran cantidad de reclusos por largos períodos de tiempo, alertó este miércoles la organización.

En los útimos 10 meses UVL ha realizado 18 jornadas médico-asistenciales para «determinar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los privados de libertad», detalló la ONG en un informe.

Además de los 240 detenidos con presunta tuberculosis, 45 tendrían VIH-SIDA, siete padecerían Covid-19 y 411 presentarían un cuadro aparente de desnutrición en 161 calabozos policiales.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVL, destacó que las mencionadas jornadas médicas se realizaron en siete estados del país: Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia.

“La investigación abarca solo 161 calabozos policiales, 143 civiles y 18 militares. En estos lugares alcanzamos a atender a 1.276 privados de libertad: 1.112 hombres, entre los que destacan un trans y 83 adolescentes y 164 mujeres, entre ellas varias embarazadas”, dijo el activista.

Las cifras, inéditas, que logra precisar esta ONG, son solo una muestra del grave problema penitenciario que existe en Venezuela a nivel nacional.

170% de hacinamiento

Según el “Informe Final del Proyecto de Jornadas Médicas en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas. Octubre 2022-Mayo 2023”, realizado por Una Ventana a la Libertad, se determinó que en 161 calabozos policiales conviven 10.254 privados de libertad, para una capacidad instalada de 6.028 personas.

La ONG reportó “un hacinamiento de 170%”, con una población penitenciaria de 9.271 hombres y 900 mujeres, entre ellos 83 adolescentes, precisa el documento.

“Esta falta de distanciamiento es lo que hace que las enfermedades infecto-contagiosas como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), gripes y Covid-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad”, indica el informe.

Según UVL las condiciones de los calabozos policiales no son las apropiadas para albergar reclusos por más de 48 horas. “La sobrepoblación sigue siendo un problema a resolver, los programas de libertades selectivas como los son el Plan Cayapa y la Comisión para la Revolución Judicial, no dan los resultados esperados”, indica la ONG.

Los 161 centros de detención preventiva visitados, 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable. Ninguno de estos calabozos tiene espacios especiales, capacidad o personal para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental.

En cuanto a los niveles de desnutrición, se detectaron 411 posibles casos que representan el 4% de la población penal.

Una Ventana a la Libertad recomendó que «se desarrollen políticas públicas para atender a la población reclusa detenida en estos espacios, los cuales se han consolidado como las nuevas cárceles en Venezuela».

También deparar a los internos con enfermedades infectocontagiosas del resto de la población y el establecimiento de políticas de vacunación permanente, trasladar a penales adecuados o excarcelar a los detenidos «ción «para evitar el hacinamiento en estos espacios, los cuales no están capacitados para albergar grupos humanos por más de 48 hora como lo establece la Ley de Régimen Penitenciario».

UVL, que desarrolló estas jornadas junto a la ONG Proyecto Once Trece, no precisó si, tras las sospechas, se realizaron pruebas específicas enfocadas a confirmar o descartar la enfermedad, ni si se aplicó algún tipo de tratamiento a los presos.

Según la ONG, 10.254 privados de libertad conviven en estos 161 espacios, con una capacidad instalada total de 6.028 personas, lo que supone «un hacinamiento del 170 %».

La falta de distanciamiento, sostuvo UVL, «es lo que hace que las enfermedades infecto-contagiosas, como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), gripes y covid-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad».

De acuerdo con la ONG, «al menos 8 reclusos murieron» entre octubre de 2022 y enero de este año por «temas relacionados a la salud», sin detallar qué tipo de enfermedades o afectaciones sufrían.

Aunque señaló que, en ese período, se registraron 45 detenidos con VIH/sida y 7 con covid-19, además de 411 con un «cuadro aparente de desnutrición», no explicó si entre estos se encontraba alguno de los que posteriormente fallecieron.

La ONG dijo a EFE que estas cifras, además de las de tuberculosis, corresponden a 161 calabozos evaluados, «de los más de 1.000 que hay en el país», por lo que no descartan que existan otros casos en el resto de los centros de detención preventiva.

Las jornadas médicas se realizaron en Caracas y seis de los 23 estados del país (Miranda, Carabobo, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia), donde atendieron a un total de 1.276 personas, entre ellas 83 adolescentes y «varias embarazadas».

Por otra parte, según la organización, de los 161 centros de detención, «solo 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable», y «ninguno tiene espacios especiales, capacidad o personal para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental».

La ONG subrayó que el Estado venezolano debe desarrollar «políticas públicas para atender a la población reclusa detenida en estos espacios», donde reclusos «pasan años», pese a que «deberían estar solamente por 48 horas».