Según un informe publicado el 20 de septiembre en Ginebra, Suiza, para la misión independiente de la ONU en Venezuela se buscaría «silenciar la oposición o crítica» al gobierno

El gobierno encabezado por Nicolás Maduro habría intensificado sus «ataques al espacio cívico y democrático» con la finalidad de «silenciar la oposición o crítica» al Ejecutivo venezolano, indica un informe de una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicado en Ginebra, Suiza, este miércoles 20 de septiembre.

La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó las acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas entre enero de 2020 y agosto de 2023 en Venezuela.

La misión dijo tener «motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias» en ese periodo de 44 meses.

También registraron 28 casos de tortura u otros tratos crueles contra detenidos, incluidos 19 casos de violencia sexual y de género, revela el texto del informe, disponible online.

Explican los miembros de la misión que, «si bien ha habido una disminución cuantitativa de las alegaciones registradas con respecto a períodos anteriores», se han «continuado documentando numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos en contra de personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales».

“Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, acota.

Destaca el texto que la conflictividad se redujo entre fines de 2020 e inicios de 2021 por «el cese de las protestas masivas convocadas por la oposición y de los actos de rebelión e insurgencia». Aclara que «en periodos previos, las tácticas de ‘mano dura’ fueron utilizadas para silenciar las voces de la oposición a través de la comisión de crímenes, como fue documentado extensamente por la Misión».

Destaca el informe que «el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos. Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal».

“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, menciona Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”, acota.

Resalta el informe de la ONU el caso de seis sindicalistas condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión por reclamar mejoras laborales, «después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año».

“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, asegura Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión. “La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”, indica.

Considera la misión de la ONU que «este panorama es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024. Al menos una candidata y dos candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que también fueron inhabilitados».

La Misión identifica desde 2020 a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos humanos, cometidas en el marco de operaciones de seguridad para combatir la criminalidad».

En el mismo informe se denuncia la «participación de las FAES en detenciones arbitrarias de personas críticas al Gobierno – algunas de las cuales fueron objeto posteriormente de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado».

En la primera parte de su informe, dado a conocer de forma oral en marzo pasado, la misión «señaló que había indicios de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022» y que «tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES».

“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, añade Valiñas. “Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”, destaca.

La Misión «lamenta la falta de cooperación del Gobierno venezolano y continuará trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los perpetradores», concluye.

La rueda de prensa en la que se presentó el informe está disponible online en este link.