El 17 de febrero de 2017, tres hombres resultaron muertos en lo que se dijo había sido un supuesto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En el hecho fueron asesinados el ingeniero Simón Antonio Lozada Guía, así como los técnicos en ascensores, Gustavo Adolfo Tuissaint Sánchez, Julio César Gámez Mayobre, quienes realizaban labores de reparación de un ascensor y supuestamente se habrían enfrentado a la comisión policial.

A pesar de lo señalado en la versión policial, los familiares de las víctimas iniciaron una larga batalla que se ha extendido a lo largo de los últimos cinco años, denunciando que se trató de una ejecución. 

Alegan que las víctimas estaban trabajando, se encontraban desarmadas y no tenían ningún tipo de equipamiento policial, sin embargo, hasta la fecha no han logrado que se haga justicia y que se limpie el nombre de sus allegados. 

José Tuissaint, padre de una de las víctimas, recordó que por el caso fueron enjuiciados los funcionarios del Cicpc, Rafael Enrique Aguilar García, José Gregorio Figuera Hernández y el Inspector Joel Jesús Amador Castillo, debido a que se comprobó que habían simulado el enfrentamiento, sembraron falsas pruebas de los hechos y sustrajeron pertenencias de las víctimas.

Las investigaciones determinaron que los dos técnicos, habían llamado al ingeniero para que acudiera a ayudarlos porque la falla del ascensor requería de su presencia, pero sostuvieron una discusión con un funcionario del Cicpc que vivía en esas residencias, el oficial, los asesinó y se comunicó con una comisión que llegó al lugar.

En ese momento llegaba el ingeniero y le dispararon en el pecho, luego simularon el enfrentamiento, alteraron la escena del crimen, movieron el vehículo del ingeniero y sustrajeron documentos y una computadora.

Luego, misteriosamente, los funcionarios implicados en los hechos se fueron de vacaciones por tres meses.

A su regreso se presentaron ante los tribunales y la jueza, Judith Coello, les otorgó libertad condicional y continuaron en sus funciones policiales, dos años más tarde fueron absueltos por la jueza Cornelia Pérez. Los funcionarios obtuvieron libertad plena y se reintegraron a sus labores policiales, mientras que los familiares de las víctimas iniciaron el proceso de apelación y paralelamente eran acosados por los funcionarios para que desistieran del proceso.

Luego de dos años, el juicio se reabrió, sin embargo, uno de los implicados en los hechos, el jefe de investigaciones del Cicpc Joel Amador, murió en una emboscada en Caucagua, el proceso siguió contra otros dos funcionarios actuantes, Rafael Enrique Aguilar García, José Gregorio Figuera Hernández

“El detective José Gregorio Figuera Hernández fue detenido por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) por el secuestro de un comerciante, por lo que hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que dicten condena por el triple homicidio, para así limpiar el nombre de nuestros hijos”, señaló finalmente José Tuissaint,