Según la ONG, los homicidios habrían sido perpetrados por grupos armados irregulares, algunos de ellos de origen colombiano. En ambos estados se registrarían delitos como contrabando, trabajo forzado, narcotráfico, desaparición y secuestro

La organización no gubernamental Fundaredes registra en un período de cuatro años, de 2019 a 2023, el asesinato de al menos 44 personas en hechos relacionados con la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar.

Estos 44 homicidios habrían sido perpetrados por grupos armados irregulares, algunos de origen colombiano, «así como por miembros» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según un boletín de la ONG Fundaredes difundido esta semana.

En su informe, Fundaredes asegura que el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), con una extensión de 111.843,70 kilómetros cuadrados delimitados para la explotación de riquezas, «se ha transformado desde sus inicios en una zona de devastación ambiental de áreas protegidas».

«Los pueblos indígenas han sido los más afectados por esta extracción minera descontrolada», añade la OMG, que indica que 20 de las 44 víctimas de homicidios contabilizadas en los últimos 58 meses eran miembros de comunidades originarias.

En estos territorios, fronterizos con Colombia y con Brasil, «operan integrantes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), miembros de la FANB y sindicatos armados. acota Fundaredes en su boletín.

En la zona minera «se cometen los delitos de contrabando, trabajos forzados, narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestro, extorsión, trata de personas, prostitución de mujeres y niñas, y extracción ilegal de minerales», destaca el informe de la ONG.

Denuncia Fundaredes que «en los últimos cuatro años, el Gobierno ha ordenado, al menos, cuatro operaciones militares de larga duración en esta zona, consideradas ‘incursiones violentas'» por la ONG. En la última de estas operaciones habrían sido expulsados cerca de 12.000 mineros ilegales.

En el informe «Grupos armados y Estado venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas», la organización afirma que de esas 44 muertes violentas, 20 víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11 casos) y Bolívar (nueve)”.

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela, citado en la investigación, manifestó en el 2022, su preocupación el incremento de asesinatos de indígenas en Amazonas, “la mayoría de estos crímenes están vinculados los grupos armados extranjeros que controlan la explotación aurífera en esos territorios”, acota el informe de Fundaredes.

La ONG habla de «pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales» que «suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de las FANB y cuerpos policiales, afectando no solo la cotidianidad de las comunidades indígenas sino representando la muerte para quienes se atreven a denunciar estos hechos, como es el caso del líder indígena uwottuja Virgilio Trujillo».

Destaca el texto de FundaRedes que los pueblos indígenas están en «permanente riesgo» debido «a las diversas actividades delictivas asociadas a la extracción minera descontrolada e ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, sus derechos a la seguridad personal, a la salud, al uso, goce y aprovechamiento de su hábitat y tierras, a la no discriminación, a una vida con calidad, entre otros, no son garantizados por el Estado venezolano».

Denuncia Fundaredes en su informe que «el Estado venezolano ha incumplido su obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos de los pueblos indígenas asentados en territorios ancestrales».

“Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar, tal es el caso del informe que recientemente presentaron diputados de la Asamblea Nacional sobre la presencia de ONG en el estado Amazonas, infiriendo sospechas sobre su labor”, recalcó la organización.

Concluye el informe indicando que el artículo 119 de la Constitución de 1999 «establece que corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles» pero que ese derecho «, el mismo «es vulnerado por el propio Estado al igual que todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional relacionado con la protección y defensa de los derechos de los pueblos originarios»