Los cadáveres de los reos fallecidos en los operativos en los que el gobierno recuperó el control de las cárceles, no son entregados a sus familiares, a quienes tampoco se les permite acudir a los sepelios.

Los cuerpos son sepultados en fosas ubicadas en el Cementerio General del Sur, en Caracas y en el Junquito, y luego de esos sepelios secretos, es cuando se le indica a la familia sobre la supuesta ubicación de las tumbas, situación que fue calificada de irregular por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

La denuncia la formuló el OVP, quienes recogen las denuncias de Lezaida Ferrer, familiar de Nelson Eduardo Ferrer García (25), uno de los internos muertos en la cárcel de Tocuyito.

A Lezaida le indicaron que, por órdenes presidenciales y ministeriales, no le entregarían el cadáver de su hermano muerto en la operación que se llevó a cabo el pasado 25 de octubre.

Según el OVV, a la familia Ferrer nadie le avisó que Nelson Eduardo estaba muerto, ni siquiera desde el Ministerio de Servicios Penitenciario, ni desde el Ministerio de Interior, la PNB o la GNB. La familia pensaba que lo habían trasladado a otro penal. 

Con el paso del tiempo comenzaron a preguntarse sobre su paradero. Nelson no se comunicaba, por lo que indagaron entre conocidos, pero el panorama se ensombreció al enterarse de que la operación no fue tan pacífica como se había anunciado y que hubo varios reos muertos. Comenzaron a preguntar y les dijeron que fueran a la morgue de Bello Monte, donde supuestamente estaba, junto a otros cinco. 

Esos cadáveres permanecen en la medicatura forense y hasta la fecha no han sido reclamados, “¿pero cómo van a reclamarlos, si las familias no saben que murieron, si el Ministerio no dice nada sobre los traslados, sobre los fallecidos, ni sobre los heridos”, se preguntó la hermana de Nelson Eduardo? 

Además de padecer el dolor de la pérdida, la familia Ferrer también tuvo que atravesar por la incómoda situación de permanecer durante cuatro días en la morgue de Bello Monte sin que les dieran respuestas sobre el retiro del cadáver. 

Cuando recibieron una respuesta fue, pero que no tenerla, “por órdenes presidenciales y ministeriales solo les permitirían ver el cuerpo por cinco minutos, bajo la estricta vigilancia de ocho funcionarios”. 

Luego les avisaron que se encargarían del entierro, al que no podían asistir, sino que los llamarían para decirles dónde fue sepultado “para que lo puedan identificar con alguna plaquita”. 

Esta situación se repitió este viernes con los familiares de José Agapito González Hernández (47) cuyos familiares se enteraron de la muerte también por los llamados “caminos verdes”.

Los familiares recibieron la misma información que los de Ferrer: no podían velar ni enterrar, a José Agapito, su mamá visiblemente afectada, no paraba de llorar: no se podría despedir de su hijo.

El OVP exigió información sobre el paradero de los privados de libertad muertos en la toma de Tocuyito, además rechazaron la acción tomada por el régimen de no dejar que las familias enterrar a sus seres queridos. 

“Desde nuestra organización informamos oportunamente sobre los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales” señala el boletín.   

Finalmente, nos preguntamos: ¿por qué esconden la información de los privados de libertad fallecidos en la toma de Tocorón y de Tocuyito?