Hacen esfuerzos por retomar el control de las cárceles que dirigían los delincuentes

La crisis penitenciaria venezolana ha sido tratada como una arruga. No es un problema nuevo, tiene tantos años que prácticamente ha pasado inadvertida hasta que ocurren situaciones extremas. Entonces se toman algunas medidas, se hacen promesas, pero la realidad es que el problema no ha sido atendido debidamente y la arruga se corre más allá.

Las cárceles venezolanas son una materia reprobada por las autoridades. Desde hace años, Organizaciones No Gubernamentales, académicos, especialistas y periodistas han advertido sobre lo que ocurre en las cárceles. Esas alertas caían en el vacío y las voces eran calificadas de alarmistas, mentirosas o de profetas del desastre.

Sin embargo, debemos reconocer que históricamente ha habido algunas respuestas oficiales y se han tomado acciones, como la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en 2012.

La crisis evolucionaba con nuevos actores

De los tiempos violentos en que los pranes dominaban a sangre y fuego las cárceles, pasamos a otros en que la situación aparentaba tranquilidad. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios parecía haber calmado las aguas.

La realidad era que los pranes aprendieron la lección y preferían actuar con un perfil bajo, cárceles silenciosas y sin muertos ni medios respirando cerca, lo que no quiere decir que habían desaparecido.

El problema es que oficialmente se desconoce el paradero de los pranes y sus luceros o lugartenientes; versiones extraoficiales señalan que se fugaron, en otras palabras, cientos de delincuentes están en las calles, lo que podría agravar la inseguridad”

Luis Izquiel
Abogado y docente universitario

Así se estableció una gobernanza que operaba desde cárceles que no estaban en el “Nuevo Régimen Penitenciario”. Y en la punta de esa pirámide aparecía el Tren de Aragua, la más famosa de las bandas que operaban detrás de las rejas, pero no la única.

Cada cárcel es un negocio millonario donde imperan el cobro de “causa”, robos, estafas telefónicas, secuestros, extorsiones y asesinatos, siempre denunciado a través de los medios de comunicación.

Operativo Guaicaipuro

El impacto que ha tenido en el continente la expansión del Tren de Aragua llevó a un reenfoque sobre cómo atender el tema penitenciario: la toma de las cárceles por el Ministerio de Interior.

En menos de 50 días, cuatro centros penitenciarios han sido tomados por el Ministerio: Tocorón (Aragua) el 20 de septiembre, Tocuyito (Carabobo) el 25 de octubre, la cárcel de Puente Ayala (Anzoátegui) el 30 de octubre y la de La Pica (Monagas) el pasado 3 de noviembre.

Se espera que en el transcurso de las próximas semanas se realicen operativos similares en las cárceles de Vista Hermosa y “El Dorado” en Bolívar, el Centro Penitenciario de Trujillo y “La Cuarta” de San Felipe.

Sin embargo, una mácula ensucia el éxito de estas operaciones: Héctor Rutherford Guerrero, alias “el Niño Guerrero”; Néstor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi”, y Yunior Yagüez, alias “Pata ‘e Queso”, los pranes y sus lugartenientes, “se volaron” de las cárceles presuntamente antes del ingreso de los uniformados.

El imperio de los pranes

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) puso en duda la extinción del reino de los pranes, tal como lo afirmara el ministro Remigio Ceballos.

“No podemos asegurar que se extinguieron, al menos seis de ellos mantienen el poder: Álvaro Montilla, alias “El Loro“, pran del Internado Judicial de Trujillo; Pedro Manuel González Mata, alias “Pedro Rapidito”, líder del Internado Judicial de Monagas, o La Pica; Fredy Barboza Ilarraza, pran del Internado Judicial de San Felipe, o La Cuarta. En el Internado Judicial Vista Hermosa, en Bolívar, conviven tres: Wilkins Rafael Romero Maluenga, alías “Wilkins”; Giovanny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”, y Edison González, alias “Chichi”, señaló el OVP en una nota.

En estos diez años no se ha construido una cárcel, somos pesimistas, vemos que el problema seguirá, porque no hay capacidad ni políticas claras en materia carcelaria”

Carlos Nieto
Coordinador de Una Ventana a la Libertad

La ONG recordó que solo por concepto de “causa” cada pran recauda más de 50 mil dólares mensuales, a los que deben sumarse ganancias por concepto de otros actos delictivos ordenados desde la cárcel.

El observatorio reiteró su denuncia sobre “funcionarios corruptos que cobran a los presos por permitir el ingreso de alimentos, medicinas, teléfonos y otras sustancias a las cárceles, así como por traslados a hospitales o tribunales”.

Un caos que se perpetuará

Carlos Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, dudó que estos operativos mejoren la situación penitenciaria, “vivimos un caos que se perpetuará… No hay intenciones de mejorar nada”.

“Hacen operativos, sacan a miles de prisioneros de esas cárceles y los llevan a otras que están llenas. Paralelamente, tenemos a miles más hacinados en calabozos policiales. En estos diez años no se ha construido una cárcel, somos pesimistas, vemos que el problema seguirá, porque no hay capacidad ni políticas claras en esta materia”, sentenció.

Pranes en las calles… ¿Vuelve la inseguridad?

Luis Izquiel, docente universitario y criminólogo, se pregunta qué sucederá con la inseguridad, debido a que decenas de delincuentes lograron fugarse antes de los operativos.

“El Ministerio de Interior y Justicia ha avanzado en retomar el control de las cárceles y eso debemos destacarlo”, indicó.

“El problema es que oficialmente se desconoce el paradero de los pranes y sus luceros o lugartenientes; versiones extraoficiales señalan que se fugaron, en otras palabras, cientos de delincuentes están en las calles, lo que podría agravar la inseguridad en Venezuela”.

“En corto o mediano plazo observaremos consecuencias de lo ocurrido, si se reagrupan esas bandas, si forman nuevas, si se unen a otras existentes, si lo hacen en el exterior o en las fronteras, veremos su accionar; estamos ante una situación que apenas está comenzando a desarrollarse”, dijo.

Acotó que el problema del hacinamiento no ha sido resuelto: “miles de reclusos fueron trasladados a otros centros que ya tenían una población, hay que analizar el impacto que tendrá esa mudanza en el retardo procesal, además está el tema de los presos que son mantenidos en los calabozos policiales, que no ha sido atendido”.