En Venezuela se construyeron 52 recintos penitenciarios, incluyendo una cárcel para mujeres y 16 anexos femeninos, con una capacidad instalada de 26.238 plazas; sin embargo, de ese total, 18 establecimientos fueron cerrados o desalojados, esos centros contaban con una capacidad para albergar aproximadamente a 10.008 personas, señala una nota de prensa del Observatorio Venezolano de Prisiones en el que presentan el informe sobre los traslados de privados de libertad

A finales del año 2023 intervinieron un total de siete recintos penitenciarios, y trasladaron a 8.016 privados de libertad a diversas entidades del territorio nacional. 

Según datos recabados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para el primer trimestre del año 2024 al menos 30 mil personas privadas de libertad sobreviven en un hacinamiento que se eleva hasta el 184.84%, lo que se considera como un riesgo crítico de acuerdo a estándares internacionales. 

“La cifra de hacinamiento es mayor si se evalúan los centros carcelarios de manera individual”, destacó Humberto Prado, director del OVP, quien añadió que esto se debe a que existen disparidades en la distribución de personas privadas de libertad, de acuerdo al número de plazas. Mientras que unos tienen mayor capacidad y menor población, otros están abarrotados debido a una distribución desigual.

“Hay alrededor de 18 centros inhabilitados, los cierran diciendo que los van a reparar y no lo hacen, tienen años cerrados. Incluso, podemos señalar uno emblemático, la Penitenciaría General de Venezuela, cerrado y con personas que han enterrado dentro de esa cárcel, y hay investigaciones que deben realizarse, pero las autoridades las mantienen paralizadas porque no se quieren encontrar con lo que ya ellos en una oportunidad encontraron, de una tumba colectiva con los cadáveres de más de 16 personas privadas de libertad enterradas.

 

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En ese mismo centro se encuentra el cadáver de Francisco Guerrero, que tiene una decisión del Comité contra la Tortura contra Venezuela para que su cadáver sea localizado”, afirmó el defensor de derechos humanos. 

Traslados de presos es un “golpe financiero y emocional

Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando en Venezuela con las personas privadas de libertad? Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conversamos con presos, familiares y además hacemos un monitoreo constante de lo que sucede en los recintos carcelarios, por lo que pudimos constatar que, más allá de los padecimientos diarios por la escasa alimentación y la nula atención médica, entre otras vicisitudes, son miles los presos y sus familiares que agonizan tras ser trasladados lejos de casa. 

En nuestro informe “El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos” se abordan los traslados de las personas privadas de libertad considerando que dichas movilizaciones generan consecuencias directas en el debido proceso, en la protección y garantías judiciales, legalidad, integridad personal e incluso afectan los vínculos familiares de los privados de la libertad y su contacto con el mundo exterior. 

“En Venezuela los presos son recluidos sin considerar la cercanía de su núcleo familiar, e incluso lejos de los tribunales que llevan sus causas. Como consecuencia de ello, los familiares deben trasladarse cientos de kilómetros de distancia para ir al centro de reclusión». 

Por ejemplo, el traslado de un familiar desde el estado Bolívar hasta Táchira implica recorrer 1.573 kilómetros, lo que se traduce en más de 23 horas de camino. Estas movilizaciones implican un gran costo económico para el familiar, quien en dicho viaje gasta hasta 182 dólares ida y vuelta solo en transporte, sin contar comida, estadía y los insumos que llevan al recluso. 

“Prado citó como ejemplo, que el Dorado además del viaje, cuando llegan tienen que alquilar una Curiara para atravesar el Río Cuyuní, y luego esa persona tiene que pernoctar para ir al día siguiente a la cárcel, y además, debe cocinar la comida que llevará a su familiar”. 

Aunado a esto, solo familiares directos pueden visitar a los presos, principalmente madres y esposas. En su mayoría son las madres quienes se encargan de esta pesada tarea. Lo que sumado a la situación económica de estas familias no les permite realizar esos gastos, por lo que miles de presos quedan abandonados a su suerte. 

“Desde OVP hemos documentado cómo los presos son trasladados a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo y como  si fuera poco, cuando se realiza el traslado, el Ministerio de Servicio Penitenciario no suministra información al detenido, a sus familiares, a los abogados defensores y ni siquiera al tribunal que lleva la causa, violando las leyes”. 

“Se han presentado casos en los que un privado de libertad fallece y los deudos ni siquiera son notificados por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Es el familiar quien debe movilizarse y costear todos los gastos, de igual manera que cuando los presos se enferman”. 

“⁠⁠En cuanto a los traslados médicos, hay que resaltar la cantidad de internos que mueren en los centros hospitalarios simplemente porque son trasladados ya cuando están en la fase final: No los trasladan cuando pueden ser curados, los llevan para que se muera en las puertas del hospital, no en el establecimiento. Cuando mueren en el establecimiento, son trasladados como si estuvieran con vida”, denunció Prado. 

Otro tema que preocupa al OVP son las implicaciones de los traslados en  la salud mental de los privados de libertad, al estar lejos de su familia y enfrentarse a una nueva prisión, con incertidumbre, miedos y carencias, “lo más grave es que, en Venezuela no existen programas de apoyo ni de atención integral a la salud mental en los centros de reclusión”.