Un informe detalla que en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro se mantiene sometida a la humillación y a la esclavitud a la población más vulnerable
«El extractivismo descontrolado que se observa constantemente en la zona del Arco Minero del Orinoco, que abarca los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, mantiene sometida a la humillación y esclavitud a la población más vulnerable», detalla un informe presentado por FundaRedes.
La investigación, titulada “Niños y adolescentes vulnerables por acción de grupos armados irregulares“, señala que hombres, mujeres y niños son víctimas del abuso desmedido de grupos armados irregulares, bandas y sindicatos, «los cuales ejercen el poder en la minería ilegal, explotando a las comunidades más vulnerables», detalla el informe.
Recuerda FundaRedes que con el decreto presidencial Nro. 2248, del 24 de febrero de 2016, se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), lo que otorgó regularización jurídica a la explotación minera.
Esto «lejos de facilitar un desarrollo armónico, más bien ha conducido a la extracción ilícita de minerales y metales como el hierro, oro, magnesio, caolín, cuarzo, diamante, bauxita, mármol, carbonáticos y cloríticos, uranio, coltán, entre otros», destaca el texto.
“La explotación minera ha sido tan irracional y desordenada que ha traído como consecuencia: muerte, violencia, abusos, esclavitud; así como la destrucción del ecosistema de una de las zonas con mayores recursos en el país, todo ante la complacencia u opacidad del Estado venezolano al no frenar este tipo de actividades que han atentado contra nuestro hábitat, dejando innumerables consecuencias negativas para las poblaciones ancestrales de la zona”, añade el informe.
Testimonios recabados por la organización defensora de los Derechos Humanos destacan que «la discriminación de las comunidades ancestrales comienza en la infancia, cuando miles de niños y niñas indígenas ven vulnerado su derecho a un nombre y a una nacionalidad, al acceso a la salud, a educación de calidad, a un ambiente sano, al agua potable, a la vida y la recreación».
Destaca FundaRedes que en la zona del Arco Minero del Orinoco habría presencia de grupos armados irregulares colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones escindidas de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «que controlan la zona, hacen que aumente la vulnerabilidad de estas comunidades frágiles, sin que el Estado venezolano de respuesta a garantizar los derechos humanos”.
Consultado por FundaRedes, el director general del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, Alejandro Lanz, afirmó que los grupos armados irregulares y la minería ilegal hicieron que las comunidades indígenas, y en especial las mujeres, fueran usadas por los mineros para satisfacer sus necesidades sexuales.
Mujeres, adolescentes y niñas indígenas son además obligadas a trabajar «por un pago miserable, llevándolas a una esclavitud casi inducida y permitida por los padres y las comunidades que muchas veces entregan a los hijos, ya que no tienen como mantenerlos, siendo una situación lamentable pero real”, aseveró.
Denunció que presuntos uniformados «se dan la gran vida recibiendo oro de los balseros y de los que trabajan en las tierras y los que producen diamantes y coltán. Los niños no cuentan con colegio, tampoco tienen profesores, ni útiles escolares, mucho menos una buena alimentación. Además de la falta de medicinas y centros de salud», señala el informe. «El Estado venezolano no ha sido capaz de proveer a esos niños, de medicina, de comida ni ropa”, acota.
Según el informe de FundaRedes, la minería ilegal ha llevado al crecimiento de bandas y grupos armados irregulares que hacen vida en esta zona de la Amazonia, rica en minerales. «Su implantación ha impactado en daños ambientales, entre ellos, la contaminación del agua en los ríos Caroní, Ikabarú y sus cuencas; provocando daños en los parques nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras; además de la deforestación y la destrucción de suelos fértiles que no solo conlleva a una catástrofe ecológica, sino también afectaciones sociales», detalla el informe difundido por Prensa FundaRedes.
El informe está disponible aquí.
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