Según FundaRedes, las prisiones pasaron de la «tiranía del pranato» a los cobros por parte de la seguridad carcelaria

La situación interna en las cárceles venezolanas no mejoró con la supuesta erradicación del pranato por parte de las autoridades. Si antes eran los pranes los que ejercían el control en las prisiones, ahora serían custodios los que extorsionarían y abusarían de la población reclusa y de sus familias.

FundaRedes, en su boletín #48, titulado «De la escuela del pranato a los custodios en las cárceles«, revela que las cárceles venezolanas serían centros de control y coordinación de actividades ilícitas.

“El cobro de extorsiones se ha convertido en una herramienta fundamental para financiar operaciones ilícitas y mantener el control sobre la población reclusa. Las alianzas estratégicas, la intimidación y la gestión de actividades fuera de la ley en las cárceles son componentes clave del pranato, que dejó una escuela a las personas encargadas de la seguridad interna de los centros de reclusión”, asegura FundaRedes en su boletín.

Reclusos dijeron al equipo de investigación de FundaRedes que custodios controlarían el acceso a alimentos, medicinas, visitas y otros beneficios básicos a cambio de pagos en efectivo o por transferencias bancarias.

«Las precarias condiciones carcelarias, con hacinamiento, insalubridad, además de la corrupción y la impunidad de los mismos funcionarios carcelarios, crean un ambiente propicio para la explotación, el sometimiento y el control, es decir, que es muy probable que resurjan las pandillas carcelarias encabezadas por pranes o por los custodios», detalla la organización defensora de Derechos Humanos

“Los pagos de reos y sus familiares por mejores condiciones de vida dentro de las prisiones no se hacen solo a los pranes: también cobran funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Es una corrupción total de custodios y funcionarios de la Guardia Nacional. Esto ocurre en todas las cárceles, haya ‘pranes’ o no”, cita el informe de FundaRedes a la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

FundaRedes responsabiliza al Estado del hecho de que «los custodios actúen sin cortapisas contra la población penitenciaria y sus familiares», así como de que haya «violaciones a los derechos humanos en estos recintos».

La lucha contra el pranato y contra la corrupción interna en las cárceles «requiere no solo declaraciones y órdenes, sino de un compromiso integral para entender y desmantelar las estructuras de poder ilegales y permitidas por las autoridades durante años», añade FundaRedes, que se mostró «sumamente preocupada por la manera cómo el abuso y la corrupción se vienen propagando y normalizando en los centros penitenciarios del país, ‘al punto de socavar aún más los derechos humanos de la población penal y sus familiares’”.

Resalta FundaRedes que «el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad y los derechos humanos de la población penitenciaria, y de poner fin a la cultura de abuso y extorsión que impera en las cárceles del país».

El boletín indica que la decisión de incluir a todos los centros penitenciarios del país en el denominado “régimen penitenciario” con la intención de “acabar” con el pranato y que el Estado retome el control de estos recintos, anunciada por el Ejecutivo el 19 de enero de 2024, no mejora problemas como la sobrepoblación, la falta de recursos y la corrupción en las cárceles, «condiciones que han creado un entorno propicio para diversas actividades delictivas que además de afectar la seguridad interna, también trascienden al exterior a través de acciones planificadas para ser ejecutadas contra objetivos determinados de la población».

«El cobro de extorsiones se ha convertido en una herramienta fundamental para financiar operaciones ilícitas y mantener control sobre la población reclusa. Las alianzas estratégicas, la intimidación y la gestión de actividades fuera de la ley en las cárceles son componentes clave del pranato, que dejó una escuela a las personas encargadas de la seguridad interna de los centros de reclusión», destaca el informe.

“De continuar las condiciones carcelarias igual que antes, con funcionarios corruptos alrededor de ellas, con infraestructura precaria, sin alimentos suministrados por el Estado y otras violaciones a los derechos humanos es muy probable que resurjan las pandillas carcelarias encabezadas por pranes o por custodios. Por eso es importante que una vez efectuadas las intervenciones carcelarias se conozca el plan que tiene el Estado para prevenir que resurja el pranato en Venezuela”, explica el abogado penalista Luis Izquiel a FundaRedes.

El experto recomienda que el personal de las cárceles tenga una buena formación en el servicio penitenciario para evitar que caigan en prácticas corruptas y delictivas. “Estos trabajadores deben ganar salarios dignos y tener asistencia del Estado ante cualquier amenaza que surja por el cumplimiento de sus funciones”, acota.

Para 2021 el Observatorio Venezolano de Prisiones documentó que solo 12% de las cárceles estaban bajo lo denominado “régimen penitenciario”, 26% en condición mixta -que conjugan tanto la figura del régimen como la del pranato- y 62% bajo la autoridad del pranato”.

«A partir del 20 de septiembre de 2023 las autoridades intervinieron, a través de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro, siete centros penitenciarios considerados de alta peligrosidad, con la intención de desmontar bandas y redes de pranato: Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Complejo Penitenciario de Carabobo (Tocuyito), Internado Judicial José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala), Centro Penitenciario de Oriente (La Pica), Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Vista Hermosa), Internado Judicial de Trujillo e Internado Judicial de San Felipe (La Cuarta), de donde fueron trasladados al menos 8.000 presos, pero esto podría aumentar la crisis en las prisiones del país ante el hacinamiento y la vulnerabilidad de los derechos de los privados de libertad que ha existido por años», destaca el informe de FundaRedes.

Izquiel explica que la Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro dejó una “estela de desinformación preocupante”, ya que aún se desconoce información sobre el paradero de los pranes, del arsenal que manejaban, el dinero que poseían y sus lugartenientes. También mencionó que “se desconoce si hay un plan posterior para evitar que se vuelvan a organizar bandas criminales dentro de las penitenciarías”.

Además se registraron fugas de presos, sobre lo que Izquiel advierte: “Todavía no se sabe su consecuencia, muchos de los pranes que existían en las cárceles hoy están en fuga, en un paradero desconocido, y no se sabe si se están reagrupando para cometer nuevos delitos en las calles”.

De acuerdo con Humberto Prado, fundador del OVP, “Tareck El Aissami creó los pranes, Iris Varela los consolidó y Mirelys Contreras los institucionalizó. Actualmente siete pranes continúan ejerciendo el control en otras cárceles del país”, cita FundaRedes en su boletín.

FundaRedes alerta que miembros de bandas delictivas que operan desde las cárceles han ordenado delitos para ser ejecutados en regiones fronterizas entre Venezuela y Colombia.

Recuerda que en 2005 se prometió la construcción de 15 nuevos centros penitenciarios, pero que para 2024 la promesa sigue sin cumplirse.

Enlace del boletín en la web.

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