Los familiares aseguran que las autoridades no les ofrecen una respuesta sobre el paradero de los detenidos, según ONG

Familiares denunciaron la desaparición de 21 presos de las cárceles Yare II, en Miranda, y la Comunidad de Coro, en Falcón, detalló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“No nos dan información, no sabemos su paradero. Estamos desesperados”, manifestaron familiares de reclusos a esta organización no gubernamental.

Una información publicada en la página web del OVP destaca que, según familiares de los reos, autoridades los sacaron en autobuses de los mencionados centros de reclusión.

Según fuentes citadas por el OVP desde la cárcel de Yare II, en Miranda, habrían trasladado a siete reclusos el pasado 29 de junio, sin una notificación previa a los familiares. De la Comunidad Penitenciaria en Coro, en Falcón, habrían trasladado a 14 detenidos el 4 de julio tras una requisa del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según el OVP, familiares de los reclusos de Yare II pidieron respuesta a funcionarios de la prisión, quienes les dijeron que no tenían autorización para dar información. A los familiares de los detenidos en Falcón les habrían dicho extraoficialmente que posiblemente los presos serían llevados al estado Miranda.

En tribunales, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo no les habrían dado respuestas, citó El Diario.

«Es importante mencionar que el Ministerio de Servicio Penitenciario tiene la responsabilidad fundamental de conocer y gestionar la información detallada sobre el paradero de los presos bajo su custodia. Es imperativo que este ministerio mantenga actualizados los registros de ubicación y estado de cada interno, garantizando así la transparencia y la seguridad dentro del sistema penitenciario, señaló el OVP en su página web.

«Desde OVP estamos interponiendo esta denuncia ante el ‘Relator de personas detenidas en las Américas’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos; el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT); el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Wgeid) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) – Venezuela y las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch», aseguró la ONG.