A lo largo del año 2023 se registraron tres huelgas de hambre, cuatro motines y 533 fugas de prisiones en todo el país

A lo largo del año 2023, un total 61 reclusos murieron en cárceles venezolanas, detalla en un informe el Observatorio Venezolano de Prisiones. En esos 365 días también se registraron tres huelgas de hambre, cuatro motines carcelarios y 533 fugas.

En su informe, el OVP destaca que hace justamente 13 años se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario, período durante el cual se han implementado 15 programas a cargo de cuatro ministros, «quienes no han tenido la capacidad de solventar los principales problemas como hacinamiento, corrupción, violencia, atención médica, rehabilitación de infraestructura, entre otros flagelos que atentan contra los derechos humanos de la población penitenciaria en Venezuela».

Añade lla ONG que «durante 13 años de gestión murieron tres mil 423 personas privadas de libertad, víctimas de hacinamiento, hambre, violencia y falta de atención médica para padecimientos como desnutrición y tuberculosis. Todo esto fue la punta del iceberg para documentar un año 2023 con un sinfín de problemas que quedaron evidenciados en el Informe 2023: Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario venezolano.

En Venezuela «existen 52 recintos carcelarios con una capacidad instalada de 26 mil 238 plazas, pero para el año 2023 sólo 35 de ellos estaban operativos (34 de hombres, uno de mujeres y 16 anexos femeninos)». 17 recintos fueron clausurados desde el año 2003.

En ese período, «se redujeron las plazas en las cárceles y su capacidad de instalación es de 17 mil 88, pero existe una población reclusa de 29 mil 565, lo que representa un riesgo crítico de hacinamiento de 173.1%«, acota.

Humberto Prado, director del OVP, explicó que Iris Valera, exministra del Servicio Penitenciario, durante su gestión «publicó una circular en donde se indicaba que era este despacho quien autorizaba el ingreso de los presos a los penales, causando así que las personas privadas de libertad se mantuvieran en calabozos policiales de diversos cuerpos de seguridad».

«En estos centros de detención preventiva han tenido que improvisar calabozos, incluso en las áreas administrativas, para meter detenidos. En tanto, el problema fue trasladado a diferentes cuerpos de seguridad», explicó Prado, quien señaló que anteriormente quien decidía el destino de las personas detenidas era un juez, «pero ahora es el Ministerio que ni siquiera se preocupa por otorgar los cupos en los plazos establecidos».

El director del OVP destacó que los policías están formados para la seguridad ciudadana o la investigación criminal y no para la custodia permanente de una persona en los calabozos, “lo que han creado es un problema mayor, porque no existen políticas penitenciarias”, sentenció.

Para el año 2023 en los penales se encontraban recluidos 27 mil 22 hombres y dos mil 543 mujeres, 19 mil 217 de ellos procesados y 10 mil 348 penados, «por lo que se evidencia que existe una barra invertida».

«El retardo procesal está por el orden del 65%, pero no se trata de un problema solo del Ministerio de Servicio Penitenciario, sino también del sistema de justicia, del Ministerio Público y de las defensorías públicas», indica el informe del OVP. “Es un problema multifactorial, con todos los planes que se han creado en estos 13 años y no hay una persona que tenga capacidad para resolverlo”, destacó Prado.

En 2023 fueron intervenidas siete cárceles para «desarticular las mafias», aunque ninguno de los pranes fue trasladado a tribunales para ser procesado por los delitos cometidos dentro de las prisiones. “Solo hay silencio al respecto”, puntualizó el director del OVP.

El informe resalta que «la calidad de la comida suministrada en las cárceles venezolanas deja mucho que desear, pues no cumplen con las ingestas calóricas establecidas por la OMS que son de dos mil a dos mil 500 para hombres, y de mil 00 a dos mil para mujeres. «Desde el OVP hemos podido evidenciar como en las cárceles de Venezuela se pasa hambre, y solo la alivianan las familias de los privados de libertad que con mucho esfuerzo los proveen de insumos», añade el informe.

En las cárceles «se cobra por comida, agua potable, entre otros servicios básicos. En el año 2023 también aumentaron las denuncias de cobros por parte de funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario, lo que se ha evidenciado durante años como parte de una red de corrupción penitenciaria».

No existe un médico de turno en las cárceles, donde solo cuentan con personal de enfermería sin los insumos necesarios para atender a la población reclusa, añade el OVP.

«Registramos que en nueve estados del país hubo un total de 31 presos fallecidos por condiciones de salud, siendo Lara el estado con mayor número de casos, seguido de Carabobo, Aragua y Táchira. De un total de 61 privados de libertad fallecidos durante el 2023 en las cárceles, el 51% son por condición salud y el restante murió a consecuencias de hechos violentos. En los calabozos policiales se registraron 25 muertes por salud», destaca el OVP.

En 2023 el OVP registró 36 muertes en calabozos policiales y de ese total nueve fueron suicidios, lo que representa el 25% de las muertes.

Además, «se registraron tres huelgas de hambre, cuatro motines y se contabilizaron un total de 533 personas fugadas. Mientras, en los calabozos policiales se registraron cinco huelgas de hambre, 14 motines y 104 presos fugados».

En el caso de las mujeres reclusas, «se han registrado vulneraciones de sus derechos como el aislamiento, la falta de atención a las mujeres lactantes, además de la violencia sexual, en especial en los anexos femeninos».

Un total de dos mil 543 las mujeres privadas de libertad en Venezuela están distribuidas entre la única cárcel para mujeres y los 16 anexos que se encuentran adosados a recintos carcelarios para hombres. En esta población se registra un 107.51 % de hacinamiento.

Además 2023 cerró con 288 personas detenidas por causas políticas y su reclusión «está marcada por los constantes casos de represión y tortura, situación que se extiende a los familiares», añade el informe.

«Durante el año pasado se registraron 14 huelgas de hambres protagonizadas por presos políticos, quienes sufren las mismas calamidades que el resto de la población penitenciaria, incluso son objeto de mayor represión durante su reclusión», destaca el texto.

En este Informe «recomendamos al Estado que cumplan con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Nacional y sus principios rectores, que garanticen el derecho a la salud mental de la población privada de libertad, garantizar una alimentación sana y balanceada, entre otros», concluye el informe.

Aquí la presentación del Informe Anual 2023.