Cobraban para readjudicar apartamentos en los urbanismos construidos por el gobierno
Diez funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por, presuntamente, formar parte de una red que desalojaba apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y cobraba en dólares para readjudicar los inmuebles.
La PNB habría recibido una denuncia de la viceministra Carolina Cestari sobre la adjudicación irregular de apartamentos de la Misión Vivienda. señaló Últimas Noticias.
Los 10 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat, incluidos cinco directores de esa cartera, fueron detenidos por la PNB en dos operativos: uno en el urbanismo Felipe Antonio Acosta Carles (parroquia Coche del municipio Libertador) y otro en la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano (Las Mercedes del municipio Baruta).
En el urbanismo Felipe Antonio Acosta Carles detuvieron a Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno, además de una líder de la comunidad identificada como Ada Llovera Castellanos.
Según fuentes, estas personas habrían amedrentado con armas de fuego a ocupantes de apartamentos de la GMVV para que se salieran de allí y luego, cobrando previamente un importe de entre cinco y siete mil dólares, entregaban los apartamentos a nuevos inquilinos. Llovera habría sido la encargada de amenazar a los adjudicatarios, mientras que las funcionarias se encargaban del papeleo, indicó Tal Cual.
En la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano detuvieron los funcionarios de MinVivienda Peregrina Alejandrina Amor Morelo (directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares), Mary Yoselin Trejo Peñaloza (directora de Adjudicación), Miguel Ángel Tovar Quijada (director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares), Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez (director de la Escuela del Constructor Popular) y Karla Eduviges Sáenz Camacho (analista).
También fue detenido Germán Antonio Medina Vargas, analista del Ministerio de Vivienda acusado de supuestamente desalojar a una familia de un urbanismo en Ciudad Tiuna.
Funcionarios de la PNB entrevistaron a la viceministra de Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, quien habría informado sobre los resultados parciales de una auditoría practicada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Distrito Capital.
En la auditoría parcial a los urbanismos de la GMVV en Caracas hallaron irregularidades, incluidos ocho casos de registros de cédulas incongruentes -cinco con sólo dos dígitos y tres con dígitos duplicados-. Identificaron tres mil 382 cédulas duplicadas en el sistema, 486 casos de doble beneficio en diferentes parroquias, dos mil 841 casos con doble registro, 53 casos con tres registros y dos casos con cuatro registros, entre otras irregularidades.
En los operativos incautaron documentos que, según Últimas Noticias, reflejarían «la presunta implicación del exviceministro Héctor Bastidas en desalojos de inmuebles para readjudicarlos a quienes cancelaran sumas en dólares».
La Fiscalía 78 en materia de corrupción, a cargo de Antonio Rodríguez, fue notificada de los procedimientos.

