Con más 979 muertes y al menos 3.500 heridos, los accidentes de tránsito se convirtieron en una importante carga económica

La crisis de seguridad vial en Venezuela ha trascendido el ámbito de un problema temporal para convertirse en una especie de epidemia de salud pública y de violencia no intencional. Entre enero y agosto de 2025, los siniestros de tránsito se consolidaron como una de las principales causas de muerte en el país, superando a la violencia criminal en impacto y volumen de casos. Esta macabra tendencia es impulsada por el factor humano y la alta letalidad de los accidentes.

El informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) detalla que en el período comprendido entre enero y agosto de 2025 se registraron al menos 979 fallecidos y 3.504 lesionados, en total más de 4.483 víctimas relacionadas con siniestros viales.

Este tipo de muertes son catalogadas como «homicidios culposos» o no intencionales, los cuales han venido demostrando una tendencia al alza, al extremo de que casi se duplicaron entre 2020 y 2024. 

Y aun cuando se reportó una disminución en el número total de accidentes en el primer trimestre de 2025 en comparación con 2024, el número de fallecidos se incrementó en un 13%, con lo que aumentó drásticamente la tasa de letalidad, la cual se ubica en 40,60 fallecidos por cada 100 accidentes registrados. 

El factor humano: causa constante y fatal

La radiografía de ocho meses de 2025 confirma que el factor humano es el motor principal de la accidentalidad en Venezuela, donde hasta el 85% de los casos, según el Ministerio del Interior, Justicia y Paz (MIJP), están relacionados con esta causa. El OSV y otros expertos señalan que esto incluye uso negligente del vehículo, uso del celular, consumo de alcohol y falta de dominio o impericia.

«La radiografía de ocho meses de 2025 confirma que el factor humano es el motor principal de la accidentalidad en Venezuela, donde hasta el 85% de los casos… están relacionados con esta causa»

Informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV)

Sin embargo dos conductas específicas destacan por su letalidad, el exceso de velocidad que se mantuvo como la causa principal e indiscutible en la mayoría de los meses, superando el 65% de los casos con causa reportada en el primer trimestre, directamente vinculada a las colisiones y derrapes más violentos.

Pero además se encuentra la impericia, o la inexperiencia y mal manejo, que mostró un repunte notable en el período analizado, llegando inclusive a superar al exceso de velocidad en julio como la causa más reportada de siniestros viales. Este dato subraya una falla crítica en la obtención de licencias y en la educación vial inicial.

Otras causas que destacan en el informe son el deterioro del parque automotor (vehículos viejos y neumáticos de baja calidad); mal estado de la infraestructura vial y la deficiente señalización gravan la letalidad de los siniestros.

Los más vulnerables: jóvenes motorizados y peatones 

Una de las mayores desproporciones que se observan en la siniestralidad es que las fatalidades están dominadas por usuarios vulnerables, con un énfasis crítico en los jóvenes motociclistas.

La moto se convirtió en el principal medio de transporte en el país y en el vehículo involucrado en el mayor número de siniestros, y los motorizados fueron cerca de la mitad de los decesos.

Las fatalidades de motorizados se concentran en hombres jóvenes de entre 15 y 29 años, quienes se involucran en accidentes en los que dominan la impericia, la alta velocidad y la inobservancia de la ley, especialmente en lo que respecta a no usar cascos protectores.

En el otro lado de las vulnerabilidades encontramos a los peatones, y particularmente a los adultos mayores, quienes son el otro grupo de alto riesgo; los arrollamientos constituyeron el 27% de los siniestros en 2024.

Judicialización y otras paradojas estatales

Las respuestas a esta crisis no han tardado mucho, las autoridades respondieron con el endurecimiento de la aplicación de la ley para combatir la impunidad en los accidentes. El Ministerio Público creó la dirección de Delitos de Tránsito para procesar las muertes como delitos graves. El Código Penal permite aumentar la pena del homicidio culposo hasta ocho años de prisión en casos complejos. 

“Los conductores deben ser más responsables y respetar las normas de tránsito, de esa forma reducen el riesgo de sufrir accidentes, especialmente aquellos que involucran a peatones y ciclistas” 

Jacobo Vidarte
Especialista en seguridad vial

Pero hay evidentes contradicciones que, lejos de fortalecer una política de seguridad vial, dejan a la luz sus fallas- Por ejemplo, una contradicción clave es la «moto pirueta». Mientras el Ejecutivo nacional la oficializó como deporte en 2024, la Fiscalía General ha anunciado su prohibición, y el OSV la cataloga como conducción imprudente y causa directa de decenas de siniestros. Esta dualidad en el mensaje oficial agrava el riesgo entre los jóvenes.

Un país que clama por soluciones sostenidas

La inseguridad vial no es una crisis humana abstracta, es una carga económica monumental, con un costo global estimado de hasta el 3% del PIB en países en desarrollo.

Especialistas como Jacobo Vidarte han criticado la normalización de conductas peligrosas, como conducir sin casco o ignorar las señales de tránsito. Recomienda a los conductores ser más responsables y respetar las normas para reducir el riesgo de accidentes, especialmente aquellos que involucran a peatones y ciclistas. 

En Venezuela esta epidemia se traduce en gasto hospitalario masivo, fracturas múltiples en motorizados, lesiones temporales y permanentes y una pérdida de productividad por la muerte o lesión de personas que se encuentran en plena edad productiva.

Ante esta realidad expertos y la sociedad civil claman por medidas como mejoras en la educación vial con campañas de prevención permanentes en todos los niveles.

Invertir en tecnología de vigilancia. fotomultas, cámaras y sistemas de control automático para disuadir el exceso de velocidad de forma continua y eficiente, alcoholímetros y otros sistemas que permitan atacar el problema.

Además es necesario un plan nacional de seguridad vial integral para abordar desde la seguridad vial y su equipamiento hasta la conducta del conductor y el estado de las vías.