Durante cuatro años un asesino en serie atacó y mató a 14 a adolescentes mientras la policía chilena se cruzaba de brazos

El caso de Julio Pérez Silva, conocido como el «Psicópata de Alto Hospicio», no es solo la historia de un asesino en serie; es un emblema de la negligencia estatal y la profunda violencia de género institucionalizada en Chile desde finales de los años 90. 

Entre 1998 y 2001, este hombre secuestró, violó y asesinó al menos a 14 mujeres, la mayoría de ellas adolescentes, aprovechándose de su vulnerabilidad al vivir en una comunidad empobrecida.

Pérez Silva creció en un ambiente marcado por el abuso sistemático. Hijo de un padre alcohólico y violento, sufrió maltratos físicos extremos desde temprana edad; a los siete años, un golpe de su padre contra una pared lo dejó inconsciente. Este entorno de normalización de la violencia cimentó el carácter de alguien que, años después, ejercería un dominio brutal sobre mujeres jóvenes. Antes de sus crímenes en el norte, ya existían rumores de comportamientos abusivos en su ciudad natal, Puchuncaví, pero nunca fueron investigados.

Pérez Silva operaba bajo un patrón metódico: era un taxista que abordaba a mujeres jóvenes, de contextura delgada y cabello largo, utilizando su vehículo como gancho de confianza. Bajo la falsa apariencia de seguridad, las trasladaba a lugares aislados, donde las violaba y asesinaba con extrema crueldad, luego ocultaba los cuerpos en minas abandonadas.

La razón por la cual no fue detenido antes es una mancha en la historia policial chilena. Las autoridades, con una mirada cargada de sesgos de clase y de género, minimizaron las denuncias de desaparición durante años. La primera hipótesis policial fue que las adolescentes habían huido de sus hogares debido a «conflictos familiares» o por su «extrema pobreza».

Incluso llegaron a estigmatizar a las víctimas sugiriendo que podrían haber caído en redes de prostitución. Esta desidia impidió ver un patrón que era evidente: todas las víctimas compartían características físicas y fueron secuestradas en la misma zona durante un corto periodo.

La captura de Pérez Silva, en octubre de 2001, no fue fruto de una investigación diligente, sino del coraje de una de sus víctimas. Bárbara Núñez, una adolescente de 13 años, quien logró sobrevivir tras ser brutalmente atacada, violada y lanzada a una mina. 

Gracias a su relato y a la descripción del vehículo, Pérez Silva fue detenido y, aunque inicialmente negó las acusaciones, finalmente confesó los crímenes. En 2004 fue condenado a presidio perpetuo, por el asesinato de Graciela Saravia (17), Sara Gómez (18), Ornella Linares (14), Daysi Castro (16), Ivon Carrillo (15), Macarena Sánchez (14), Angélica Alcayata (24), Laura Zola (15), Catherine Arce (16), Patricia Palma (17), Macarena Montecinos (15), Viviana Garay (16), Angélica Palape (45) y Gisella Melgarejo (36), marcando el fin de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal  y policial chilena.

La persistencia del dolor de las familias y la impunidad inicial revelaron una justicia que falló por no entender la interseccionalidad entre la pobreza y la violencia de género, dejando lecciones que, hasta hoy, son recordadas como un imperativo de reforma para proteger, y no revictimizar, a las mujeres.