La ambición comercial en las costas y la búsqueda de «likes» ponen en jaque a la fauna venezolana

Las redes sociales se han convertido en poderosos altavoces que multiplican el impacto de lo que registran sus usuarios, sean personalidades con millones de seguidores, o usuarios comunes con algunos cientos.

En lo que va de año, varios hechos de abuso ambiental han marcado el ritmo de una discusión que resuena con más fuerza gracias a redes sociales, como Instagram o TikTok, y de mensajería: El ambiente está en peligro por el abuso que hacemos de él.

Basta recordar lo ocurrido en el cayo Los Juanes durante el Carnaval pasado, o el video del autoproclamado “influencer” Giampiero Fusco al maltratar a un pequeño caimán, o babo, en un acto de supuesta “hombría”. 

Días más tarde, dos jóvenes se grabaron mientras asesinaban a palazos a una hembra de rabipelado, y en Oriente, un joven fue grabado por sus amigos cuando lanzaba al mar un gato desde un mirador.

El desalentador panorama continúa en la Isla de Margarita, donde construcciones ilegales, toldos y el ruido en playa Parguito, entre otras, impiden a las tortugas marinas anidar y desovar, tal como lo han venido haciendo por milenios.

A través de la sanción prevenimos el maltrato animal»

Tarek William Saab

Exfiscal general de la República

Pero el drama no se queda allí, en La Guaira, un grupo de tolderos taló agresivamente los árboles que daban sombra en el Paseo de Macuto, en una supuesta operación fitosanitaria, pero en realidad el objetivo es obligar a los temporadistas a contratar sus toldos y sillas, al haber acabado con las sombras naturales.

Definitivamente, el medio ambiente y la fauna están en peligro en Venezuela, estos hechos han sido tendencia gracias a las redes sociales, pero, lamentablemente, las denuncias chocan con la burocracia y el vacío legal que impide castigar a los depredadores ambientales, más allá de las declaraciones oficiales.

Una respuesta entre la imputación y la limitación 

Ante la viralización de casos de crueldad extrema, abandono y maltrato de mascotas, la Fiscalía adoptó una postura de mayor visibilidad. Durante años la práctica habitual fue que una vez que una denuncia se viralizaba, ocurría la actuación rápida del Ministerio Público  para identificar, aprehender e imputar a los responsables.

El, para ese entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, se convirtió en el principal vocero institucional en esta materia, promoviendo una política de «cero impunidad» mediante la judicialización de casos virales en redes sociales, «A través de la sanción prevenimos el maltrato animal», señaló en su oportunidad Saab.

Sin embargo, esta acción punitiva ha chocado con el «techo» legal de que en Venezuela no existe un delito penal autónomo contra el maltrato animal. Las imputaciones se realizan bajo figuras forzadas o normativas administrativas que no fueron diseñadas para penalizar la crueldad específica hacia los animales.

La Ley Penal del Ambiente se enfoca principalmente en la protección del equilibrio ecológico, pero no garantiza justicia directa para el sufrimiento individual de un animal doméstico o silvestre.

Combatir el vacío jurídico 

Esta ausencia de una ley penal específica se traduce en una falta de proporcionalidad y en la discrecionalidad de las autoridades; organizaciones protectoras de animales mantienen una presión constante consignando propuestas para una nueva legislación. 

Las ONG exigen el reconocimiento del animal como «ser sintiente» y el establecimiento de un sistema de penas severas como la privación de la libertad por entre cinco y 10 años para casos de maltrato grave o muerte.

El Ministerio Público ha reconocido esta necesidad, proponiendo reformas que elevarían las sanciones de prisión y multas de mayor impacto; sin embargo, el avance legislativo ha sido nulo en comparación con la velocidad con la que se multiplican los actos de violencia. 

El biocidio, un ejemplo desde Bolivia 

A diferencia del vacío que persiste en nuestro país, Bolivia puede ser un ejemplo a seguir, ya que desde 2015 consolidó un robusto marco jurídico que tipifica el biocidio como un delito penal autónomo. 

La Ley 700 marca una distancia clara entre el maltrato físico y la muerte intencional, estableciendo penas de dos a cinco años de cárcel para quienes maten animales domésticos con ensañamiento.

Todo ser vivo merece respeto»

Karen Brewer-Carías

Conservacionista 

El instrumento legal no solo castiga la acción directa, también impone la omisión de socorro como falta sancionable en casos de hechos viales, o atropellos. Además respeta la cosmovisión andina al contemplar excepciones para ritos ancestrales y medicina tradicional, siempre que se evite la agonía prolongada del ejemplar sacrificado.

Hacia un cambio de paradigma

La realidad es que atravesamos una etapa crítica en materia ambiental y aunque la sociedad civil ha elevado el maltrato animal al debate nacional, utilizando la tecnología digital para denunciar comportamientos aberrantes; esta misma tecnología ha exacerbado el riesgo para una fauna que está atrapada entre maltratadores, la ambición comercial desmesurada e influencers que la usan para ganar seguidores.

La solución parece clara, pero su ejecución es compleja: es urgente la redacción de una ley penal autónoma que saque el maltrato animal de la esfera administrativa y lo coloque en el ámbito del derecho penal. 

Sin una reforma legal de fondo que acompañe la voluntad punitiva mostrada por el Estado, el maltrato animal corre el riesgo de seguir en el ciclo infinito de indignación en redes sociales, sin proteger a quienes no tienen voz.

La conservacionista Karen Brewer-Carías ha subrayado la necesidad de entender la interconexión entre la fauna, el ecosistema, la educación ciudadana y el bienestar social, denunciando que la falta de valores y de conocimiento perpetúa la violencia. Su mensaje es claro: «Todo ser vivo merece respeto”.