En un país en el que el salario mínimo apenas alcanza un dólar, un accidente con lesionados implica un sacrificio sin precedentes para sus familias

En las salas de emergencia de los hospitales venezolanos, el sonido constante de las ambulancias siempre ha sido una realidad, pero ahora viene acompañado por el estrépito de una tragedia cotidiana: El ingreso masivo de víctimas de accidentes en motocicletas. 

Lo que comenzó como una solución y una respuesta a la crisis de movilidad que afectaba particularmente a la poblaciòn de escasos recursos, terminó transformándose en una «epidemia» de muertos y de lesionados que hoy saturan los centros de salud, drenan recursos públicos y marcan de forma indeleble a cientos de familias venezolanas que cada mes tienen que buscar dinero donde no lo tienen para atender a sus familiares heridos en estos siniestros.

Una crisis que desborda el sistema sanitario

La historia de los hospitales venezolanos ha estado marcada por las carencias, no es un asunto nuevo, es un problema que hemos venido arrastrando a través de las décadas y que se ha agravado en la medida en que la crisis se ha profundizado.

Lo nuevo es el colapso de las áreas de emergencias, traumatología, trauma shock y neurocirugía como consecuencia de siniestros viales.

Vemos una tendencia alarmante: aunque el número total de accidentes disminuyó en febrero, la letalidad aumentó. Esto significa que los choques son cada vez más violentos”

Rosibel González

Coordinadora y vocera del Observatorio de Seguridad Vial (OSV)

Jacobo Vidarte, especialista en búsqueda y salvamento, ha sido contundente al respecto al señalar en sus redes sociales: «Hoy en día más del 80% de la ocupación de hospitales públicos es por lesionados que han sufrido accidentes en motos o que fueron atropellados».

Este colapso no solo implica falta de camas, sino también una presión extrema sobre el presupuesto de los centros médicos, y no se diga sobre su impacto en el presupuesto familiar. 

Médicos especialistas alertan que la atención de pacientes, víctimas de siniestros viales, fácilmente puede superar hasta cinco o seis veces el valor comercial de la moto implicada en el accidente, entre insumos para cirugías de reconstrucción ósea, material de osteosíntesis, medicamentos y jornadas de rehabilitación, el gasto es astronómico, oscila al menos entre cuatro mil y 10 mil dólares.

El rostro joven de la tragedia

Lo más alarmante es el perfil de las víctimas. Se trata de una generación, en plena edad productiva, que está comprometida. Rosibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), subraya la vulnerabilidad del grupo afectado: «La mayoría de las víctimas en accidentes de tránsito, principalmente en motos, son jóvenes que no superan los 26 años de edad». 

El OSV ha mantenido una postura constante en sus reportes: «El motorizado -como actor vial- encabeza el primer lugar en la categoría de fallecidos».

Infraestructura y cultura vial bajo la lupa

Para Lilian Romero, directora de Asotránsito, la solución requiere ir mucho más allá de la simple fiscalización. Para ella, el problema es multidimensional, además de las causas  socioeducativas, se encuentran las falencias graves en la infraestructura vial.

«Aproximadamente 80% de las carreteras en el país necesitan ser rediseñadas para evitar el incremento de los accidentes de tránsito», explica que esta necesidad se debe a que aunque la infraestructura actual ha sido buena, “hoy no cumple con los estándares de seguridad necesarios”, y requieren de nuevas tecnologías, mejor iluminación, señalización y medidas para prevenir y evitar accidentes, como rampas de frenado en las vías más transitadas por vehículos de carga. 

El paciente por siniestro vial es el que más recursos consume en nuestros hospitales. Lo que el Estado no provee, lo paga la familia vendiendo lo poco que tiene. Hogares enteros se empobrecen para cubrir una emergencia que nunca debió ocurrir»

Representante gremial del Sector Salud

Añade que, además se encuentran las decisiones individuales como causales de los accidentes y cita como ejemplos el exceso de velocidad, la conducción arriesgada y el traslado frecuente de menores en motocicletas. “Decisiones imprudentes como trasladar a niños y hasta bebés en motos, es maltrato infantil porque los están exponiendo al peligro», agrega Romero.

Entre la ambigüedad y la prevención

La ambigüedad en las respuestas del estado ha sido uno de los problemas a enfrentar. Esta ambivalencia se mueve entre el respaldo gubernamental a circulación sin mayores controles de motos en las autopistas, el respaldo a las “motopiruetas”, o tímidos intentos por controlar el tráfico, a la aplicación de penas severas contra conductores involucrados en accidentes mortales.

En temporadas con “picos de accidentalidad”, como Carnaval, Semana Santa y Navidad, se implementan operativos de control y vigilancia, pero lo esporádico de ellos los hace poco efectivos en general, si se observa que la cifra de accidentes es constante a lo largo del año. No mantener una política pública integral, sostenida y de largo plazo en materia de seguridad vial coadyuva a que los siniestros se mantengan.

Además algunas alcaldías implementan planes enfocados en aplicación de multas por infracciones de tránsito; pero estas medidas esconden detrás de sí una retórica recaudacionista, con escasa efectividad en la reducción de los accidentes. 

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) centra gran parte de su estrategia en la educación vial como exigencia del uso de cascos, respeto a las normas de tránsito y seguridad, pero se hace poco en temas como educación y vigilancia de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad vial, la actualización de la legislación en la materia con requisitos más estrictos y sanciones más severas para los infractores en materia de seguridad vial. 

Expertos consideran necesario el incremento en la calidad de la vigilancia en las vías, ya que una mayor presencia policial real tendría un impacto real en la reducción de comportamientos de riesgo.

Los accidentes de moto en Venezuela no son solo un problema de tránsito; sino que requieren de una visión integral, inversión en infraestructura, educación vial obligatoria desde la escuela, transporte público eficiente y, sobre todo, un cambio en la ciudadanía acerca del riesgo de la conducción temeraria. Hasta que eso ocurra, los hospitales seguirán siendo el reflejo amargo de una tragedia que el país no termina de frenar.