Una interesante investigación realizada por la periodista María Victoria Fermín (@vickyfermin) para Fakenews Venezuela sobre un tema que ha estado en el tapete informativo en los últimos meses

El debate sobre el acoso escolar en Venezuela saltó a la opinión pública luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunciara la judicialización de casos presuntamente vinculados a bullying, que el Ministerio Público conoció a través de videos de agresiones físicas entre estudiantes de bachillerato que se hicieron virales en las redes sociales.

Saab aseguró en marzo, vía Twitter, que los casos de acoso escolar en el país iban en aumento e informó que presentaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para atender esta problemática. Indicó que solo entre enero y abril de 2022 el Ministerio Público registró 74 casos. 

Un mes después, el 21 de abril pasado, el Parlamento aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar, tras convocar a organizaciones de la sociedad civil para que ofrecieran sus observaciones al texto. No aclararon si se trató del mismo borrador que presentó el fiscal. Actualmente la normativa continúa bajo consulta. 

“El bullying ha existido más o menos desde siempre, por las relaciones que se dan en la escuela… El hecho de que se haga visible, de que se haya masificado la información, genera la necesidad de buscar respuestas que frenen y atiendan el problema”, expuso la investigadora especializada en temas de niños, niñas y adolescentes, Angeyeimar Gil. 

No obstante, lamentó que alrededor del tema haya surgido desinformación o las llamadas fake news: “Si hay contenidos que son falsos la gente puede dejar de creer y ponerse en la posición de suponer que todo es mentira, que todo es una exageración y que estas situaciones no se presentan en las escuelas”. Destacó que eso afecta directamente a las víctimas, ya que esto puede ocasionar que se ponga en duda sus denuncias, y que no reciban la atención que necesitan. 

¿Qué es el acoso escolar? 

Para hablar de acoso escolar debe existir la presencia de violencia física o psicológica sistemática, que se da entre pares, y que tiene la intención de dañar al otro como una forma de obtener poder y reconocimiento dentro de un grupo social, detalló la coordinadora de comunicaciones de la ONG Cecodap, Vanessa Moreno. 

Señaló que muchas personas no están familiarizadas con este concepto e incurren en el error de calificar todo hecho de violencia en las escuelas como acoso, aunque no sea así. “Replican desinformación desde el desconocimiento”.  

La periodista advirtió que otra complejidad es que el acoso escolar es un fenómeno que involucra a los distintos actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres, madres y representantes), por lo que confluyen muchos intereses y esto puede ser motivo de que se difunda información parcializada. 

Por su parte, Gil coincidió en que hay que marcar una diferencia entre el acoso, como una acción premeditada y sistemática, a un evento donde hubo un inconveniente, una discusión y los estudiantes decidieron irse a los golpes. “No todo lo que hemos visto en las redes tiene que ver directamente con situaciones de bullying. Ahora todo lo metemos en el mismo saco y pretendemos atenderlo de la misma manera, cuando no es lo que corresponde”, expresó. 

Prevenir más que sancionar

Cuando el fiscal Tarek William Saab describió algunas ideas de su proyecto de ley para atender y sancionar el acoso escolar, varias organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia y la adolescencia se pronunciaron para insistir en que tuviese un enfoque preventivo y en la importancia de garantizar apoyo tanto a la víctima como al victimario. 

“El acoso escolar es una experiencia muy dolorosa para la víctima, que necesita atención. Pero también es necesario atender al victimario, revisar qué está pasando en su entorno, qué ocasiona que este muchacho vea el daño como una opción de relacionarse con el otro… Hay que ir más profundo al problema y no quedarse solo en una sanción penal o disciplinaria”, señaló Moreno de Cecodap.

La prevención de la violencia ha sido precisamente uno de los pilares del movimiento educativo Fe y Alegría. Por esta razón, tras conocerse el anteproyecto de ley contra el acoso escolar, la organización emprendió una campaña que incluyó capacitaciones y mesas de trabajo con las y los alumnos. 

“Nos enfocamos en el desarrollo de competencias ciudadanas, en trabajar estrategias para que los muchachos aprendan sobre la resolución de conflictos, todo en el marco de una cultura de paz”, dijo la coordinadora pedagógica de ciudadanía de Fe y Alegría, Yameli Martínez. 

“Creemos que la solución a este problema es que los muchachos sepan cómo tratar entre ellos y por otro lado que sepan expresarse, decir cuando algo les está sucediendo, que puedan confiar en la persona adulta que tienen cerca, para poder ayudarlos oportunamente”, apuntó. 

La campaña ha recibido apoyo de organismos como la Rednna, Cecodap, el mismo Ministerio Público, los Consejos de Protección y la Defensoría. También incluye formar al personal, los docentes y a madres, padres y representantes, así como difundir mensajes claves para la prevención del bullying. 

Martínez contó que Fe y Alegría maneja un protocolo de Prevención, Intervención y Seguimiento de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en todos sus tipos. El instrumento establece en aquellos casos donde pueda haber conciliación entre las partes o donde no se haya manifestado una agresión física, la escuela puede gestionar la situación: “nosotros podemos sentar a las a las partes afectadas, víctima, victimario sentar a los padres y representantes, establecer acuerdos, desarrollar un plan de atención con esos estudiantes, lo hacemos desde la escuela”. 

No obstante, en casos de violencia física y psicológica sistemática, donde la víctima se ve afectada en las labores educativas y se puede materializar un delito, “tenemos la obligación de derivar los casos, dependiendo de la gravedad.  Hay casos que son derivados al Consejo Protección, al Ministerio Público…”

 No a la difusión de la violencia

La trabajadora social y exconsejera de protección, Angeyeimar Gil, recordó que la Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna) protege a quienes esten vinculados a delitos, tanto si son víctimas como victimarios. 

“El artículo 65 habla del derecho al honor, reputación y propia imagen. Dice que nadie puede exponer imágenes de niñas, niños y adolescentes, especialmente se debe garantizar la confidencialidad cuando se trata de situaciones que suponen un procedimiento administrativo o judicial”, mencionó. 

Gil cuestionó la difusión de imágenes o videos sobre hechos de violencia en las escuelas por parte de la ciudadanía, pero también por parte de los medios de comunicación y las autoridades del Estado. 

“Esos contenidos suelen convertirse en virales porque tiene una carga muy grande de violencia, pero su difusión no aporta a la atención del problema. El mostrarlos expone más la dignidad tanto de la víctima como de los victimarios, que también tienen derechos humanos y que tienen que pasar por un proceso de investigación, de justicia con el debido proceso”, explicó. 

Un llamado al ente rector 

La especialista en políticas públicas educativas, Olga Ramos, recordó que el Ministerio de Educación como ente rector debe garantizar la seguridad interna de las escuelas en todos los niveles. 

Alertó sobre cómo en los últimos años se han ido colando en las escuelas y liceos personas que llevan armas o drogas para su distribución. “Hay que incrementar las medidas de seguridad para evitar que haya estudiantes que puedan amenazar a sus compañeros, a los docentes o al personal… pero el Ministerio se ha venido haciendo la vista gorda”. 

 La coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela e integrante de la asociación civil Asamblea de Educación, consideró que la política actual de las autoridades del sector, puede favorecer la propagación de desinformación, por lo que es deber de la ciudadanía exigir acceso a la información oportuna. 

Fuente FakenewsVenezuela.org