La anarquía vial cobró cientos de vidas a inicios de 2026. El factor humano y la falta de vigilancia disparan la mortalidad, afectando especialmente a mujeres y niños, víctimas del riesgo en dos ruedas.

Venezuela atraviesa una crisis de seguridad vial que debe ser atendida con urgencia por las autoridades. La epidemia de accidentes, hace tiempo que dejó de ser una serie de eventos  ocurridos durante las temporadas vacacionales, para convertirse en un verdadero problema de salud pública.

De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, el primer trimestre de 2026 cerró con la muerte de al menos 392 personas en 986 accidentes de tránsito registrados a través de reportes realizados en medios y redes sociales. Estos siniestros además arrojaron unos 1.210 heridos, y muchos de ellos sufrirán afecciones permanentes.

El balance de la ONG no es un dato anecdótico, refleja una tendencia que se mantiene sin medidas dirigidas para corregir el problema más allá de algunos operativos festivos. 

Este año se registró un aumento del 30% en la siniestralidad, borrando la mejora estadística alcanzada en 2025, cuando en el primer trimestre se registraron 966 siniestros. En 2026 se superó la frecuencia de incidentes registrados en 2024 cuando ocurrieron 1.200 accidentes.

Los protagonistas habituales: Jóvenes y motos

El OSV identificó un protagonista indiscutible en este drama: Las motos. Durante el primer bimestre, estuvieron involucradas en cerca de 70% de las muertes. 

El dato de la edad de las víctimas de los accidentes es importante porque los más afectados son los jóvenes de 20 a 24 años, la principal fuerza laboral y el relevo intelectual del país son quienes lideran las cifras de fallecidos y lesionados mes tras mes.

El virus de la imprudencia crece donde la ley no se aplica; esa impunidad nos hunde en una anarquía vial que nos mantiene a todos en un estado de estrés constante”

Lilian Romero

Directora de Asotránsito

Rosibel González, vocera del OSV, señala que la población joven es la que más se expone como conductores o como parrilleros.

Tres años de cifras

Al contrastar estos datos con periodos anteriores, la progresión es sombría. Entre 2020 y 2024, las muertes ocurridas en medio del «tránsito anárquico» se habían duplicado, pero comenzaron a evidenciar una tendencia ascendente en 2025 cuando la letalidad era de 41 fallecidos por cada 100 choques, para unas 1.546 vidas perdidas.

Aún cuando se ha esgrimido la incorporación de conductores nuevos e inexpertos a las vías como explicación, la respuesta es que el peligro no emana solo del aumento del parque automotor, sino que responde más a una conducta riesgosa de los conductores. 

De hecho, casi el 80% de los accidentes ocurridos en 2026 son atribuidos al factor humano, con el exceso de velocidad presente en más del 55% de los casos, y la impericia en 21%, como los principales verdugos.

El costo de la imprudencia

El impacto de esta crisis representa un drenaje masivo de recursos para el Estado venezolano y las familias de las víctimas. Recordemos que especialistas han señalado que la atención de un paciente con trauma grave por accidente de tránsito ronda entre 3.000 y 4.000 dólares. Salvar a un conductor puede costarle a la familia cuatro veces lo que se pagó por la motocicleta en la que se accidentó.

Jacobo Vidarte, experto en salvamento y rescate, agrega que los hospitales están saturados por esta epidemia. “Siete de cada diez ingresos por emergencia se deben a hechos viales. Más del 80% de la ocupación en áreas críticas de los hospitales públicos corresponde a víctimas de motos; el país no solo pierde recursos financieros, además sufre la mutilación de su capital humano, con muertos y heridos con lesiones que derivan en discapacidades permanentes en muchas personas en plena edad productiva”.

Otros elementos en la ecuación

El escenario más letal sigue siendo el urbano. Las avenidas concentraron la mayoría de los incidentes, llegando al 39,63% en marzo, seguidas por las carreteras vecinales, que emergen como un foco crítico de riesgo con 20% de la siniestralidad.

Entre las causas de accidentes, no imputables a los conductores, encontramos huecos, fallas de asfaltado, falta de mantenimiento en vías, falta de visibilidad, fallas en alumbrado,  demarcación y señalización deficientes.

Otro elemento a tomar en cuenta es la vigilancia policial en calles, avenidas, autopistas y carreteras. Su falta estimula conductas arriesgadas. La especialista en seguridad vial Lilian Romero, de la ONG Asotránsito, al respecto indica que “el virus de la imprudencia crece donde la ley no se aplica; esa impunidad nos hunde en una anarquía vial que nos mantiene a todos en un estado de estrés constante”.

Casi el 80% de los accidentes tienen su origen en el factor humano, en decisiones evitables»

Rosibel González

Coordinadora del OSV

«La ruta del caos es clara: El virus de la imprudencia se alimenta de la impunidad; la impunidad escala hacia la anarquía. La anarquía genera un estrés crónico en nuestra movilidad y la inacción de las autoridades termina por disparar la siniestralidad vial. Cuando los que deben dirigir no actúan, los ciudadanos pagamos con la vida», concluye

Mujeres y niños víctimas del no poder decir que no

El OSV desde este año agregó a su estudio un análisis de género de los accidentes. Destaca que las mujeres son víctimas colaterales frecuentes: Solo en marzo, 32 mujeres perdieron la vida, la mayoría de ellas mientras viajaban como «parrilleras» o acompañantes en motos, “su seguridad dependía enteramente de la decisión de quien conducía la moto”.

Además, en lo que va de 2026, el OSV detectó que el 8% de las víctimas fatales eran menores de edad, “el primer trimestre de 2025 al menos 21 menores de edad murieron en siniestros viales, en su mayoría vinculados con motos, la cantidad aumentó a 28 este año; mientras que los heridos pasaron de 78 en 2025 a 98 en 2026.

El primer trimestre de 2026 ratifica que la inseguridad vial en Venezuela es una asignatura pendiente que demanda algo más que controles aislados. Requiere una transformación cultural y una regulación estricta de velocidad para detener la sangría que enluta miles de hogares venezolanos.