El acoso a niños y adolescentes en redes y juegos online crece ante la falta de leyes autónomas y debilidad institucional

La semana pasada funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) anunciaron la detención, en el estado Zulia, de un sujeto de 24 años y su madre por el rapto de una niña de 10 años, quien había sido abusada y explotada sexualmente. 

La menor estaba desaparecida desde el 20 de abril, cuando fue engañada por Lisandro Rafael Molero López (24), quien se hizo pasar por un adolescente en una plataforma de juegos online, y tras aprovecharse de la ingenuidad de la niña, la hizo huir de su casa para encontrarse con él.

Tras la denuncia de la desaparición, detectives ubicaron al sujeto y lograron rescatar a la pequeña sana y salva, pero ya había sido abusada. Tanto Lisandro Molero como su madre, Judith López (49), están detenidos a las órdenes de los tribunales. 

Lo grave es que este no es el único caso.

Grooming, el engaño basado en la ingenuidad

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) define el grooming como un tipo de acoso y abuso sexual cometido por un adulto hacia un menor de edad a través de tecnologías de información y comunicación. Los groomers son depredadores sexuales que buscan ganar la confianza de sus víctimas haciéndose pasar por menores para obtener contenido sexual, abusar y explotar, También incurren en trata de personas.

Gloriana Faría abogada, defensora de niños y adolescentes, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, define el grooming como “una forma de violencia sexual que ocurre en entornos digitales, redes sociales, plataformas de videojuegos, donde adultos se acercan progresivamente a un niño, niña o adolescente con el objetivo de ganar su confianza hasta que sexualizan el vínculo, obtienen imágenes íntimas y en los casos más graves contacto físico”.

El victimario instrumentaliza la tecnología y la persuasión para quebrar la voluntad de niños y adolescentes»

Carlos Trapani

Coordinador general de Cecodap 

Para el abogado Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, el grooming es una forma compleja de violencia que trasciende el contacto inapropiado. “Este flagelo se basa en una asimetría de poder donde el victimario instrumentaliza la tecnología y la persuasión para quebrar la voluntad de niños y adolescentes, invalidando cualquier pretensión de consentimiento”.

Desde la doctrina de protección integral, el experto señala que estas agresiones vulneran derechos fundamentales como la integridad y la privacidad, establecidos en el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño, agrega. 

Trapani denuncia una falla estructural en los entornos de cuidado, urge al Estado y la sociedad a implementar respuestas articuladas ante una modalidad contemporánea de violencia, que no son hechos aislados. “El foco debe estar en la prevención de riesgos emergentes”, añade.

Daños a todo nivel

Trapani advierte que los efectos del grooming en niños y adolescentes operan en tres niveles críticos. En lo psicológico, el agresor impone culpa y silencio, detonando ansiedad e hipervigilancia. En lo relacional, fractura la confianza en figuras de protección, provocando aislamiento y bajo rendimiento escolar. Finalmente, en el desarrollo, se distorsionan la identidad y la percepción del propio cuerpo.

Trapani subraya que el daño suele ser diferido y no siempre visible de inmediato, lo que exige un acompañamiento sostenido. La asimetría de poder y la manipulación psicológica son las claves que impiden la detección temprana del daño en las víctimas.

Por su parte, Gloriana Faría advierte la presencia de secuelas en las víctimas, como ansiedad, depresión e ideación suicida, similares a las del abuso sexual físico. Enfatiza que la difusión de material íntimo agrava el daño.

Ambos especialistas son enfáticos al recalcar que “la responsabilidad siempre es del agresor y nunca del niño o adolescente”.

El Estado falla en la protección

Carlos Trapani y Gloriana Faría alertan que el Estado venezolano falla en proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la violencia digital. El diagnóstico que realizan revela cuatro nudos críticos: 

Vacío Legal: El grooming y la sextorsión no están tipificados como delitos autónomos. La normativa vigente (2001 y 2006) es obsoleta ante la IA, redes sociales y nuevos delitos.

Debilidad Institucional: El Sistema de Protección está descapitalizado, sin presupuesto ni formación técnica. Persiste la revictimización en el proceso judicial. La crisis educativa además hace que escuelas y docentes carezcan de herramientas de alfabetización digital, mientras que la pobreza extrema es usada como mecanismo de captación por los groomers.

La prohibición de dispositivos es ineficaz… la clave es enseñar que ningún adulto debe pedirles ‘secretos'»

Gloriana Faría

Abogada, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap

Finalmente la respuesta del Estado es reactiva, no impulsa campañas preventivas ni garantiza atención psicológica especializada, se limita a actuar cuando el daño ya es irreversible.

Actuar sin revictimizar

Gloriana Faría advierte que la prohibición de dispositivos es ineficaz, pues el riesgo persiste en consolas o equipos ajenos. La clave es enseñar a los menores que ningún adulto debe pedirles «secretos», fotos íntimas, ni consejos. 

Ante sospechas como aislamiento o regalos sin origen, se debe acompañar sin enjuiciar, actuar sin revictimizar. La responsabilidad siempre es del agresor. 

Es recomendado recolectar todas las evidencias del hecho, capturas de pantalla, audios, videos y denunciar el caso ante la División de Delitos Informáticos del Cicpc o ante el Ministerio Público.

Carlos Trapani insta a los padres a “priorizar la contención y la escucha activa sobre el juicio”. Ante un caso detectado, se debe suspender contacto con el agresor, preservar evidencias digitales y denunciar ante las autoridades. 

Enfatiza la necesidad de atención psicológica especializada y evitar la sobreexposición del relato del menor. La protección efectiva depende de una articulación real entre familia, escuela y Estado para garantizar medidas de reparación y justicia.