Tras más de 20 años de impunidad, ordenan capturar a Luis Carrera Almoina por violación. El sistema judicial venezolano reabre un caso marcado por la injusticia

Tras años de silencio, de pronto algo despertó en el ambiente tribunalicio venezolano y comenzó a hacer ruido. Un caso que cada cierto tiempo se convierte en pesadilla para jueces y fiscales, que les hace recordar que la justicia tardía no es justicia; un caso que es más una vieja lesión que nos dice que la justicia venezolana, en vez de ser necesariamente ciega, está discapacitada.

Podría tratarse de un caso condenado al olvido como muchos otros, de no ser porque la voz de una mujer no deja que se pierda la memoria, ni que se traspapele en algún escritorio en los laberintos del sistema de justicia local.

Y es que Linda Loaiza López Soto es la dueña de esa voz que no se cansa de pedir justicia, quien a lo largo de años de lucha se ha convertido en ejemplo de fuerza, tenacidad, inteligencia, valor, paciencia y perseverancia. 

Durante 25 años Linda Loaiza ha insistido en exigir justicia, que se castigue al llamado “Monstruo de los Palos Grandes”, Luis Carrera Almoina, quien ha contado a su favor con la fuerza de la in-justicia en medio de un sistema diseñado para castigar a las víctimas y favorecer a los victimarios, y que el Estado reconozca su complicidad en ignorar a las víctimas.

Y de pronto los tribunales ordenan reabrir el caso, capturar a Carrera Almoina y juzgarlo por los delitos de violación para dar cumplimiento a las exigencias internacionales de justicia, ya que el caso de violación sexual había quedado impune en el proceso judicial original, esperamos que también el Estado asuma su responsabilidad.

«Mi lucha no es por venganza, es por justicia y para que ninguna otra mujer vuelva a pasar por la pesadilla que a mí me tocó vivir» 

Linda Loaiza López
Sobreviviente y activista 

Pero por los momentos basta con que los fantasmas se levantaran y sus voces, de nuevo, esperen por una justicia que ha tardado décadas en llegar.

Rompiendo el horror

La historia de Linda Loaiza López Soto es una de esas en las que las víctimas convierten una tragedia en el leitmotiv de sus vidas, en el aliento que les permite seguir adelante.

Era marzo de 2001 cuando la estudiante merideña Linda Loaiza López Soto (18 años) fue raptada bajo amenaza de muerte por Luis Antonio Carrera Almoina.  Permaneció cautiva durante cuatro meses en un apartamento en El Rosal, Caracas; fue sometida a continuas golpizas, mutilaciones, quemaduras, privación de alimento y severos abusos sexuales que le causaron daños irreversibles.

Pese a la denuncia oportuna hecha por los familiares, comisiones policiales omitieron el inicio de las averiguaciones. 

El cautiverio finalizó el 19 de julio de 2001, cuando Linda logró pedir auxilio por una ventana y vecinos alertaron a los cuerpos de seguridad, quienes la rescataron. Luego le tocó el turno a una larga cadena de dolorosas intervenciones quirúrgicas y terapia de recuperación, además de afrontar una pesadilla llamada proceso judicial.

El sádico sistema judicial 

El proceso penal por el caso de Linda Loaiza López expuso la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia venezolano, así como la ausencia de empatía para con las víctimas. 

La causa estuvo paralizada durante una década, transitó por más de 100 jueces y 15 fiscales. Durante el juicio, los operadores judiciales desestimaron pruebas hematológicas bajo sesgos de género, ignoraron antecedentes del agresor, quien siempre contó con el beneficio de sus influencias políticas.

Para exigir la reactivación del expediente, Linda tuvo que hacer una huelga de hambre que duró 13 días frente al Tribunal Supremo de Justicia. 

En 2004,  el Juzgado de Juicio a cargo de la jueza Rosa Cádiz Rondón emitió una primera sentencia que absolvió a Carrera Almoina y dos cómplices, su padre y su secretaria. En 2006 un segundo juicio lo condenó solo por lesiones graves y privación ilegítima de libertad a seis años y un mes de prisión, desestimando tortura y violación, además fueron absueltos sus dos cómplices.

De la impunidad judicial al hito internacional de Linda Loaiza

La evidente injusticia cometida por el sistema penal venezolano llevó a Linda Loaiza López a transformar su causa en una defensa técnica y de alcance internacional. Tras enfrentar el retardo procesal y la denegación de justicia tras su rescate en 2001, abandonó sus estudios de  veterinaria y luego se graduó de abogada. En 2015 se especializó en Derechos Humanos.

En noviembre de 2007, junto a su defensa, presentó formalmente la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en la primera venezolana en demandar al Estado por violencia basada en género. 

«Mi caso es el reflejo de miles de mujeres venezolanas que han quedado en el anonimato y cuya voz ha sido silenciada por la complicidad de las autoridades»

Linda Loaiza López
Sobreviviente y activista

En 2010 el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el desacato estatal del Informe de Fondo de 2015 de la CIDH para sentar precedentes de no repetición.

En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que condenó a Venezuela y que contiene  una serie de medidas de reparación y de no repetición ordenadas a favor de Linda y las mujeres venezolanas.

La sentencia no cumplida

En la sentencia de 2018 López Soto y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado y ordenó reparar a Linda Loaiza López y su entorno. La resolución exige sancionar judicialmente la tortura y la violencia sexual perpetradas, investigar las omisiones de los funcionarios, garantizar su seguridad y costear la rehabilitación médica, indemnizaciones y una beca universitaria para la víctima.

El dictamen fijó además garantías de no repetición: instaurar un programa educativo obligatorio con el nombre de la víctima, reglamentar la ley orgánica de género, desplegar tribunales especializados y crear un sistema centralizado de datos sobre agresiones contra la mujer. A la fecha, defensores de DDHH denuncian que el Estado mantiene un desacato absoluto de las reparaciones.

¿Inició la justicia?

El pasado jueves se concretó la privativa de libertad contra Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como el «Monstruo de Los Palos Grandes», tras entregarse ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas por la orden de aprehensión N° 021-26 dictada por el Tribunal 45° de Control.

En la audiencia de presentación, la jueza ordenó su reclusión preventiva en el Centro Penitenciario El Rodeo II, atendiendo al riesgo de fuga y a la gravedad de los hechos cometidos hace 25 años.

La causa reevalúa las imputaciones por tortura y violación sexual, delitos que no fueron sancionados en el juicio inicial de 2005. La Corte de Apelaciones revisará el cargo de violación, mientras se atiende el mandato de la Corte IDH respecto a la tortura. Linda Loaiza López Soto, quien actúa como querellante y su propia abogada, exigió el cumplimiento íntegro de la sentencia internacional, así como la investigación de los funcionarios que propiciaron la impunidad.

“No hay justicia hasta que verdaderamente el ciudadano sea sancionado por la magnitud de los delitos que ocasionó en mi contra y no habrá justicia hasta que no haya cumplimiento íntegro de la sentencia de la CorteIDH”, declaró Linda Loaiza López Soto.