Al menos 34 niños quedaron en orfandad tras el asesinato de sus madres durante los primeros seis meses del año

La mañana del 6 de mayo transcurría con toda normalidad, el frío comenzaba a alejarse y los vecinos hacían su vida. En el edificio Urica de la urbanización La Rosaleda, en el municipio Los Salias del estado Miranda, nada preparaba para lo que estaba por suceder.

Aproximadamente a las diez de la mañana, vecinos notaron una conmoción en uno de los apartamentos. En la discusión las voces pasaron a los gritos y casi de inmediato a un alarmante pedido de auxilio que heló la sangre de los habitantes del edificio: “¡Auxilio, me quiere matar!”

Los vecinos llamaron a la policía usando la red de seguridad local, a los pocos minutos uno de los vecinos publicó: “No hace falta… la mató”.

Cuando las autoridades ingresaron al inmueble, encontraron una escena dantesca: en la cocina estaba el cadáver de Mariámbar Velázquez de 33 años, fisioterapeuta, y muy cerca de ella el de su hijo de dos años, Maximiliano Torres Velásquez, de dos años.

En el inmueble también yacía un hombre malherido, era Edwin Enrique Torres Bastidas, también de 33 años, ex pareja de Mariámbar y padre del niño asesinado. Intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. Hoy está recluido en la cárcel de El Rodeo y es juzgado por femicidio y homicidio por el Tribunal 5º de Control de Los Teques.

Mariámbar es una de las 81 víctimas de femicidio reportadas por el colectivo Utopix en su balance correspondiente a los seis primeros meses del año, presentado recientemente por su coordinadora, la antropóloga Aimeé Zambrano.

Al hacer la presentación Zambrano destacó: «Queremos que vean más allá de estas cifras. Queremos que vean sus rostros. Queremos que sepan quiénes eran. Porque estas historias, estas vidas de nuestras mujeres, niñas y adolescentes, jamás serán olvidadas.»

Un semestre de luto

El balance de Utopix refleja una realidad que se ha mantenido constante durante los últimos años. La violencia por razones de género continúa cosechando víctimas sin que las autoridades tomen cartas para atender un problema que se ha hecho crónico.

Los datos recopilados por el monitor son contundentes: Al menos 81 mujeres fueron asesinadas en un semestre en el territorio nacional. Además se registraron 94 casos de femicidios frustrados en los que las que las víctimas sobrevivieron a ataques potencialmente mortales, muchas de ellas con heridas de gravedad.

«Tiene que haber planes, campañas permanentes en los medios, en el espacio público, en las redes sociales, la educación y prevención de la violencia por razones de género deben ser la norma y no la excepción»

Aimeé Zambrano
Coordinadora de Utopix

Pero el conteo no se limitó al  interior de nuestras fronteras, pues Utopix recopiló datos sobre la vulnerabilidad de las migrantes venezolanas y registró información sobre al menos 58 femicidios de venezolanas cometidos en el exterior.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta violencia es que trasciende a la víctima, el informe señala que “un porcentaje crítico de las mujeres asesinadas eran madres”.

En el primer semestre de 2026 se contabilizaron a 34 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, quienes deberán enfrentar secuelas psicológicas profundas ante una carencia de asistencia psicosocial institucional especializada.

En comparación con años 2024 y 2025, en los que los informes de Utopix destacaron picos en tramos etarios juveniles y adultos jóvenes, de 16 a 25 años o de 26 a 40 años, durante el primer semestre de 2026 se observa un desplazamiento demográfico, la mayoría de las víctimas se ubican en el rango de edades comprendidos entre 20 y 50 años.

Machismo sistémico

Al tratar el tema de la distribución geográfica de las víctimas, Zambrano destacó que se han documentado femicidios en la casi totalidad de los estados del país, lo que deja en evidencia el carácter extendido y sistémico de esta problemática.

Los estados con mayor incidencia de femicidios durante los primeros seis meses de 2026 fueron Zulia y Miranda, con 12 asesinatos cada uno; les siguen los estados Falcón, Carabobo y Aragua, con seis femicidios cada uno y en tercer lugar el estado Sucre con cinco víctimas.

Es un problema que se extiende por todo el país con picos que pueden explicarse por razones de concentración poblacional, estados con mayor población acaparan más casos. Pero además hay casos como el del estado Sucre, con menos población, donde la violencia puede ser consecuencia de otras situaciones.

Entre las razones encontramos que las zonas menos pobladas suelen tener estructuras sociales más tradicionales y cerradas que refuerzan el control sobre las mujeres, normalizan la violencia privada y estigmatizan la denuncia.

Además el aislamiento geográfico es un factor, la lejanía física limita drásticamente el acceso de las víctimas a redes de apoyo, instituciones estatales de protección y centros de salud.

«Queremos que vean más allá de estas cifras. Queremos que vean sus rostros. Queremos que sepan quiénes eran. Porque estas historias, estas vidas de nuestras mujeres, niñas y adolescentes, jamás serán olvidadas»

Aimeé Zambrano
Coordinadora de Utopix

La escasez de oportunidades y la pobreza acentuada incrementan la dependencia financiera de las mujeres respecto a sus parejas y dificultan romper el ciclo de violencia.

El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, aunque no son la causa originaria, funcionan como catalizadores o agravantes que facilitan que las agresiones escalen a desenlaces letales en entornos sin contención social.

Mujeres sin redes de apoyo

Uno de los grandes problemas es que muchos de los casos de femicidios registrados pudieron haber sido prevenidos; sin embargo, la falta de políticas, financiamiento y redes de protección limitan las posibilidades de las víctimas de violencia de género.

La violencia de género pudo ser prevenida mediante lo han llamado un “plan de emergencia feminista”, que implica la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás entes, tomen un plan de acción frente a la violencia de género, señaló la activista.

«¿Qué significa esto? Que tienen que haber partidas específicas para este tema. Tiene que haber formación constante al personal del Estado. Tiene que haber planes, campañas de comunicación permanente en los medios, en el espacio público, en las redes sociales, la educación y prevención deben ser la norma y no la excepción”, concluyó Zambrano.