Integrantes de este colectivo pasan las de Caín en los centros de reclusión 

En cualquier parte del mundo la cárcel es un castigo, una pena que se impone a quienes han quebrantado las leyes. Sin embargo, cuando nos referimos a los países en vías de desarrollo, como el nuestro, las cárceles van mucho más allá del castigo, en oportunidades se convierten en verdaderos infiernos.

Pero el crimen tiene en sus actores un evidente sesgo patriarcal y machista, o sea que si la cárcel es difícil para hombres heterosexuales, es mucho más difícil para la población que no se agrupa en esa perspectiva de género.

Entendiendo la crisis

Desde finales del siglo pasado, Venezuela ha atravesado graves crisis penitenciarias que a su paso cobraron cientos de vidas y que ameritaron la implementación de diversos sistemas de administración, dirigidos a poner orden, pero esos experimentos fracasaron fundamentalmente debido a factores como el hacinamiento y la corrupción. 

La violencia penitenciaria dio paso al denominado pranato, que controló las cárceles y condujo al surgimiento de poderosas organizaciones criminales como el Tren de Aragua. 

Finalmente, el Ejecutivo nacional dio pasos a una solución: Creó el Ministerio del Servicio Penitenciario, pero la solución generó nuevos problemas. 

Al regular el acceso a la mayoría de las cárceles, los calabozos policiales, diseñados para albergar detenidos por un máximo de tres días, de un día para otro se convirtieron en cárceles de larga estadía con todos sus problemas.

“La situación de la población Lgbtiq+ privada de libertad es compleja y desafiante debido a la discriminación y estigmas que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género”

Gabriela Buada
Directora de la ONG Caleidoscopio Humano

Esta desventaja afectó a los detenidos en general, pero los más desfavorecidos fueron menores, mujeres e integrantes del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otros (Lgbti+). 

Oscuridad para los géneros

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó un informe sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad pertenecientes al colectivo Lgbtiq+ en el que dejó en evidencia la opacidad y ausencia de datos sobre la situación de este colectivo en las cárceles venezolanas, lo que “contribuye a invisibilizar los problemas de la población Lgbtiq+ que se encuentra privada de la libertad”.

Gabriela Buada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano, organización que colaboró con el OVP en el informe, explicó que la situación de la población Lgbtiq+ privada de libertad es compleja y desafiante “debido a la discriminación y estigmas que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género”. Además, advirtió sobre la ausencia de políticas inclusivas que atiendan las necesidades particulares de esta población.

La ausencia de datos oficiales, segregados de la población privada de libertad, trae como consecuencia que no se reconozca la existencia de esta población Lgbitq+ en cárceles, que no se aborden sus necesidades específicas, ni se puedan exigir mejoras en su trato, subraya.

Estado irresponsable

Es fundamental destacar que el Estado es responsable por las condiciones de vida de quienes se encuentran bajo su custodia en las cárceles, por lo que debería garantizar la atención sanitaria y alimentaria de los presos. 

Esto se cumple parcialmente en los centros penitenciarios que están bajo el control del Ministerio, pero en las demás cárceles o retenes policiales los presos dependen exclusivamente de sus familias en las calles. 

Humillación, violencia y esclavitud sexual

La situación se complica cuando se analiza la realidad por la que atraviesan las personas trans detenidas, quienes no cuentan con espacios acordes, o sea que son encerradas con quienes se convertirán en sus violadores, debido a que no existen espacios diferenciados para su permanencia. 

“Esta población es la que más sufre en los recintos carcelarios porque son víctimas de discriminación, humillación y violencia sexual, además las que están en proceso de transición deben abandonar su tratamiento hormonal”, despeja el informe. 

En una dantesca realidad que ha sido invisibilizada durante años, los presos de la comunidad Lgtbtiq+ sobreviven tras los barrotes mientras son obligados a prostituirse, tanto por pranes como por funcionarios corruptos; y para colmo están condenados a realizar labores consideradas “de mujeres”, como lavar la ropa de otros reclusos y la limpieza.

Salud en el limbo

En vista de que en Venezuela no hay una legislación específica sobre el trato a personas del colectivo arcoiris, no hay diferenciación de presos, lo que los hace más vulnerables. 

Es sabido que los presos reciben escasa atención médica y prácticamente ningún acceso a centros de salud, “si necesitan ser trasladados a hospitales, solo podrán hacerlo tras decisiones arbitrarias y discrecionales de funcionarios de turno”. 

“En una dantesca realidad, invisibilizada durante años, los presos de la comunidad Lgtbtiq+ sobreviven tras los barrotes mientras son obligados a prostituirse y están condenados a realizar labores consideradas ‘de mujeres’” 

OVV Informe Derecho a la Salud de las Personas Privadas
de la Libertad Pertenecientes al Colectivo Lgbtiq+ 

El informe recuerda que, al igual que el resto de la población, la comunidad Lgbtiq+ penitenciaria prácticamente no tiene acceso a exámenes médicos con periodicidad para detectar o hacer seguimiento de enfermedades como VIH-Sida, tuberculosis, Covid-19, cáncer, deficiencias respiratorias, problemas cardíacos. “Sus familiares deben hacer todo tipo de maniobras para lograr los permisos para hacer las pruebas”. acota. 

Sensibilizar para erradicar los abusos

Los expertos recomiendan que en las prisiones se organicen sesiones de sensibilización y concientización que permitan aborda temas como los estereotipos, prejuicios y conjeturas erróneas con respecto a la población reclusa y a las personas del colectivo. 

“Los funcionarios deben contar con conocimientos específicos para facilitar el entendimiento y trato a las personas Lgbtiq+ en entornos de detención y las maneras en las que podrían ser atendidas de forma sensible”. 

Además, deben contar con espacios acordes a las realidades de los detenidos. La población debe estar claramente dividida, hombres de mujeres y población trans, cada una en su espacio, y evitar encerrarlos en espacios hacinados y sin ninguna división.