Tras la tragedia, la recuperación parte de ofrecer lugares seguros y dignos para las familias de refugiados 

Durante las últimas semanas, Venezuela ha vivido con las lágrimas a flor de piel y el corazón desbocado tras la brutal sorpresa que nos llevó a enfrentar una realidad desoladora, en la que miles resultaron muertos o gravemente heridos y otros miles se vieron obligados a sobrevivir a pesar de haber perdido todas sus propiedades. Ahora un nuevo reto se presenta: La administración digna de la tragedia, cómo seguir adelante, cómo sobrellevar el impacto de esos grandes terremotos.

A casi tres semanas del letal doblete sísmico, la emergencia ha cambiado, pasó del rescate de las víctimas y la remoción de escombros a una crisis de protección humana de los sobrevivientes en campamentos provisionales.

Mientras las réplicas continúan aterrorizando a la población, miles de familias enfrentan una nueva amenaza: la inseguridad y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Un desastre sin precedentes

El balance oficial del martes 14, difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, es devastador: al menos 4.734 personas murieron y 16.740 resultaron heridas, sin embargo, la magnitud real de la tragedia podría ser mucho mayor. Estimaciones de la ONU señalan que la cifra de personas desaparecidas o no localizadas podría llegar a 50.000, lo que sitúa a este evento como uno de los peores desastres en la historia de América Latina.

«En La Guaira habría 10.469 personas en 26 campamentos; en Caracas 5.046 personas en 39 campamentos y en Miranda 1.171 personas en 22 campamentos»

Héctor Rodríguez
Ministro de Educación

En términos de infraestructura, más de 800 edificios fueron afectados, y de ellos 190 sufrieron un colapso total. Solo en el municipio Chacao el alcalde Gustavo Duque informó que se registraron 68 fallecidos y 46 edificios fueron declarados inhabitables.

La destrucción es masiva y ha forzado a más de 20.200 personas a desplazarse a campamentos provisionales instalados en estadios, parques y plazas de La Guaira y Caracas.

Otros datos aterradores

Organismos multilaterales han denunciado que existe un incremento de la violencia de género en el período posterior a desastres naturales.  Factores como el desplazamiento, la separación familiar, la pérdida de ingresos y el caos público terminan convertidos en gatillos que encienden nuevos problemas.

Los registros históricos dejan claros estos hechos: En Guatemala, tras la tormenta Agatha en 2010, aumentaron notablemente los casos de violencia psicológica y económica. En República Dominicana se reportó un incremento de las denuncias de violencia sexual dentro y fuera del hogar tras el huracán Noel.

Luego del terremoto de 2007 en Perú se reportó un incremento en los casos de abuso sexual infantil; los agresores eran principalmente extraños que se aprovecharon de niñas que estaban solas fuera de los refugios.

El devastador terremoto de Haití de 2010, además de la trágica muerte de miles de personas, dejó consecuencias por la violencia sexual desatada en los campamentos debido a la falta de iluminación, nula privacidad y total ausencia policial.

En todos los casos se incrementaron las denuncias sobre trata, tráfico y contrabando de jóvenes con fines de explotación sexual.

Evitar hacinamiento y riesgo en refugios

La respuesta estatal fue habilitar al menos 87 campamentos transitorios que albergan a 16.686 damnificados. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, detalló la distribución de esta población vulnerable: en La Guaira habría 10.469 personas en 26 campamentos; en Caracas 5.046 personas en 39 campamentos y en Miranda 1.171 personas en 22 campamentos.

Desde una perspectiva de derechos humanos, estos espacios, aunque necesarios, presentan riesgos críticos de seguridad física y legal. La Ley Especial de Refugios Dignos, vigente en Venezuela, establece que estos centros deben garantizar la privacidad, la alimentación y la protección especial a grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

No obstante, la realidad en instalaciones como el estadio de béisbol de Macuto, el Parque del Oeste y el Parque del Este en Caracas, revelan brechas que exponen a los desplazados.

El desafío de la protección infantil

La seguridad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) es la «prioridad absoluta» según el marco legal venezolano. Sin embargo, en el caos de la emergencia, se han reportado dificultades en el registro de víctimas y el seguimiento de personas desaparecidas, lo que aumenta el riesgo de redes de trata o explotación.

Los protocolos internacionales exigen la creación de «espacios amigables» y el uso de brazaletes de identificación para evitar que los menores queden solos o con adultos extraños.

«Existe un incremento de la violencia de género en el período posterior a desastres naturales»

Informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas

Mientras no se garantice una vivienda segura y se implementen patrullas de vigilancia con enfoque de género en los refugios, las víctimas del 24 de junio seguirán viviendo un segundo desastre, esta vez bajo la sombra de la violencia y la desprotección estatal.

La prevención está en la participación 

La legislación nacional y los estándares humanitarios establecen que la seguridad en los refugios se fundamenta en la corresponsabilidad y la organización de la población. Para mitigar riesgos y prevenir hechos delictivos, se orienta la conformación de comisiones de seguridad paritarias y patrullas voluntarias para la vigilancia nocturna de áreas vulnerables como baños y accesos.

El protocolo exige normas de convivencia visibles, prohibiendo estrictamente el consumo de alcohol, drogas, música a todo volumen y juegos de azar. 

Es indispensable garantizar iluminación constante en espacios comunes, asegurar la separación estricta por sexo en dormitorios y sanitarios, con cerrojos internos, y respetar un espacio mínimo de al menos 4.5 m² por persona para evitar el hacinamiento y focos de violencia.

En materia de protección a vulnerables, los menores deben portar brazaletes de identificación y pernoctar únicamente con sus cuidadores de confianza. Asimismo, se debe priorizar la ubicación de adultos mayores y personas con discapacidad en plantas bajas con planes de evacuación específicos, habilitando un canal confidencial para reportar abusos, hurtos y otras irregularidades.