La tragedia no termina con el sismo: los sobrevivientes enfrentan un laberinto jurídico ineficiente y cruel para declarar la ausencia de sus familiares muertos y no encontrados

El crujido metálico de las cizallas hidráulicas y el rugido de las excavadoras no dan tregua en el litoral central. Apenas cuatro semanas después del devastador doblete sísmico que sacudió a Venezuela, la prioridad oficial ahora parece ser una sola: borrar la imagen del colapso mientras se habla de la «reconstrucción». 

Sin embargo, bajo toneladas de concreto, ladrillos y cabillas, no solo yacen sedimentos urbanos; yacen las respuestas que cientos de familias venezolanas necesitan desesperadamente: ¿dónde están sus seres queridos?

Hoy el panorama en la zona es un déjà vu,  trae a la memoria el deslave de 1999. Dos tragedias, 27 años de separación y miles de personas sepultadas. Más allá del impacto natural, ambas tragedias dejan evidencias de un descuido institucional en las labores de búsqueda, rescate e identificación de las víctimas y tortuosos procesos burocráticos y jurídicos que agudizan el duelo de los familiares.

Un paralelo aterrador: 1999 vs. 2026

La comparación entre el deslave de 1999 y los sismos de 2026 expone la persistente vulnerabilidad urbana del estado y fallas estructurales en la respuesta estatal. 

Mientras en 1999 las víctimas fluctuaron entre 10.000 y 30.000, la cifra oficial de víctimas del sismo se congeló el 24 de julio en 5.546 fallecidos, oficialmente solo se reconocieron poco más de 140 desaparecidos el primer día de la tragedia, no se volvió a informar al respecto, lo que contrasta con registros independientes que recopilan datos de al menos 40.000 desaparecidos.

«La demolición de estructuras sin inspección forense exhaustiva inhabilita la recuperación de restos y convierte los escombros en fosas comunes desmanteladas»

Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag)

Se repite la controversia por el manejo de escombros: en ambos eventos se denunció el uso de maquinaria pesada sin cribado forense previo para despejar la fachada pública, omitiendo protocolos de rescate, lo que dificulta la ubicación e identificación de los fallecidos. 

La diferencia radica en la identificación; frente al uso sistemático de fosas comunes en 1999, el Senamecf habilitó este 2026 la toma de muestras genéticas a familiares para cotejar bases de datos y procesar la individualización de los restos.

La demolición prematura equivale al extravío de la memoria

A juicio de organizaciones de Derechos Humanos y expertos en gestión de riesgos, el ingreso acelerado de maquinaria pesada a zonas afectadas por los sismos viola los protocolos internacionales del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag). 

“La demolición de estructuras sin inspección forense exhaustiva inhabilita la recuperación de restos óseos y convierte los escombros en fosas comunes desmanteladas”, aseguró un especialista en rescate.

El despliegue contraviene los manuales para el manejo de cadáveres en desastres de la OPS/OMS y el CICR, los cuales exigen control estricto sobre el destino de estos desechos con el objetivo de rescatar la mayor cantidad de evidencias posible para futura identificación. 

Por otra parte, ambientalistas han alertado que el vertido no controlado de material de demolición en botaderos o en la mar destruye de forma irreversible la evidencia biológica, imposibilitando, además, la identificación científica de las víctimas y vulnerando el derecho a la memoria e inhumación digna de los deudos.

El laberinto jurídico

A la pérdida de vidas tras la catástrofe se suma un calvario legal para los sobrevivientes ante un ordenamiento jurídico ineficiente. La legislación actual ofrece dos vías: la Ausencia Ordinaria (Art. 418 del Código Civil), que exige hasta 10 años para declarar la presunción de muerte, y la Presunción de Muerte por Catástrofe (Art. 438), que acorta los lapsos pero impone procesos contenciosos lentos ante tribunales de primera instancia.

Los juzgados civiles exigen cargas probatorias inviables a los deudos, como testigos presenciales en el inmueble al momento del sismo y la publicación obligatoria en prensa de edictos impresos quincenales por tres meses (Art. 421), requisito irreal por la contracción de la prensa física nacional.

«Sin un cuerpo que velar, la mente del familiar queda atrapada en una oscilación destructiva entre la esperanza infundada y el dolor aplastante»

Expertos psicólogos

Ante esta traba institucional que inmoviliza patrimonios y la custodia de huérfanos, juristas y organizaciones de DDHH exigen tres reformas urgentes:

Ausencia Calificada por Siniestro: Un marco de emergencia para iniciar el trámite inmediatamente o dentro de los 30 días posteriores a la catástrofe, anulando las esperas de años.

Jurisdicción Voluntaria Directa: Un proceso no contencioso que valide el censo oficial de afectados como hecho notorio, eliminando pruebas individuales de presencia física.

Notificación Digital e Interoperabilidad: Sustituye carteles impresos por publicaciones en la web del TSJ y conecta directamente las sentencias con el Registro Civil para agilizar herencias, seguros y tutelas.

_{Un amargo déjà vu: Las ruinas dejadas por  los sismos de 2026 exponen fallas estructurales calcadas del deslave de 1999, evidenciando 27 años de vulnerabilidad no resuelta en la costa venezolana (Foto cortesía)}

El duelo frustrado y la muerte simbólica

Cuando la maquinaria pesada remueve los restos de una edificación y los traslada a un vertedero o al mar sin recuperar los cuerpos de las víctimas, la consecuencia humana es devastadora e irreversible para la salud mental de los sobrevivientes.

El duelo frustrado o suspendido se consolida al impedir que las familias realicen los ritos funerarios y religiosos de despedida. Sin un cuerpo que velar y sepultar, la mente del familiar queda atrapada en una oscilación destructiva e indefinida entre la esperanza infundada de encontrar a su ser querido con vida y el dolor aplastante de saberlo fallecido bajo las ruinas. Esta imposibilidad de cerrar el ciclo genera cuadros severos de ansiedad, culpa e impotencia crónica.

Las huellas de La Guaira se borran hoy entre el polvo de los escombros y la prisa burocrática por proyectar una falsa vuelta a la normalidad. 

Sin embargo, para miles de sobrevivientes que recorren las morgues y las ruinas con una fotografía en la mano, que intentan recuperar sus restos escarbando entre montañas de concreto y metal oxidado, la reconstrucción del país no comenzará hasta que no se les garantice, en primer lugar, la verdad, la justicia y la memoria para sus desaparecidos.