Especialistas en derechos de la infancia exigen una alfabetización digital crítica para erradicar la normalización del «ciberbullying» escolar
En la cultura juvenil la frontera entre el chiste cotidiano y la violencia psicológica se ha vuelto cada vez más difusa, sobre todo tomando en cuenta el impacto de las plataformas digitales. Lo que históricamente se ha conocido como «chalequeo criollo» sufrió una mutación tecnológica mediante la adopción de subculturas de internet.
Entre ellas, la última es una subcultura prácticamente desconocida, y que consiste en la proliferación de memes llamados curi, o curi memes, los cuales se han consolidado como un vehículo de exposición de ideas y opiniones, muchas veces de imágenes no consentidas, de difamación, ciberacoso y ciberbullying, entre estudiantes de educación media y universitaria, así como en círculos de subculturas específicas de jóvenes.
El «curi»: del calco inocente al hostigamiento
Surgidos en foros digitales como ejercicios gráficos de humor y sátira, los «curis» consisten en ilustraciones o cómics calcados digitalmente donde se superponen textos y situaciones absurdas, una especie de caricaturas ingenuas realizadas por los jóvenes.
Aunque nacieron como una forma de libre expresión artística y social, su migración al ecosistema escolar transformó la parodia en ataques dirigidos contra objetivos individuales: alumnos, docentes y minorías dentro de planteles educativos.
Se multiplican a través de grupos de WhatsApp, canales de Telegram y cuentas anónimas en Instagram y TikTok donde administradores y usuarios difunden los curis. Esta dinámica ha escalado a ciberagresiones graves. Ocultos en la estética manga y cultura edgy, promueven gordofobia, racismo, clasismo, homofobia y xenofobia, así como ataques contra docentes y personal administrativo.
«Investigaciones en zonas populares de Caracas señalan que 73% de los estudiantes y 68% de los docentes presenciaron episodios de violencia estudiantil»
Estudio sobre la violencia y la niñez
Universidad de Los Andes (ULA)
Mediante retoque digital editan imágenes para simular agresiones físicas, decapitaciones, escenas de sexo explícito y desnudez de compañeros, sometiéndolos a terror y humillación pública.
Además filtran datos personales como números telefónicos, direcciones y chats confidenciales, acompañados de relatos falsos para menoscabar digitalmente la reputación de sus víctimas.
La línea que separa la complicidad y el sometimiento
Expertos en derechos de la infancia y psicólogos advierten la urgencia de diferenciar una broma inofensiva del acoso escolar, una frontera ya borrosa por la naturalización de la agresión bajo la etiqueta del “chalequeo”.
Mientras el llamado “chalequeo” ocurre entre iguales con reciprocidad y es de naturaleza breve, la “echadera de broma” fácilmente trasciende al acoso cuando busca hacer daño intencionalmente, y somete a la víctima de forma a abusos degradantes y repetitivos ante testigos.

La agresión trasladada al formato digital se registra en la red y se viraliza para perseguir a la víctima donde vaya.
Justificar estas publicaciones bajo el alegato de que es un «juego» invalida el sufrimiento de la víctima, la presiona al silencio por temor al estigma; mientras los agresores actúan amparados en el anonimato de perfiles ficticios.
Crisis de violencia escolar en Venezuela
Especialistas y ONG alertan que el aumento de la violencia en planteles educativos del país, causa ansiedad, deserción y caída en el rendimiento académico.
Un estudio de la ULA en Mérida reveló que burlas (64,88%), sobrenombres (55,27%) y rechazo social (39,37%) lideran los reportes, con mayor frecuencia en escuelas públicas.
Investigaciones en zonas populares de Caracas señalan que 73% de los estudiantes y 68% de los docentes presenciaron episodios de violencia estudiantil.
Datos del Ministerio Público contabilizaron 341 casos en 2022, mientras que Cecodap documentó un alza del 44% entre 2014 y 2016 (de 1.210 a 2.403 reportes).
Pese al impacto psicológico en las víctimas, persiste un vacío oficial de datos desglosados para medir el ciberacoso mediante memética digital y el total de sanciones institucionales.
Marco normativo y rutas de denuncia en Venezuela
La creación y difusión de montajes o memes denigrantes contra menores constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Lopnna, que tutelan el honor, la reputación y la integridad psíquica.
Según el caso, pueden aplicarse las leyes de Delitos Informáticos, Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Contra el Abuso Sexual Infantil, e inclusive el Código Penal ante hechos como extorsión o amenazas que conllevan responsabilidad penal.
«Tenemos que aprovechar ‘momentos educables’ —noticias, tendencias o videos— para entablar conversaciones cotidianas, medir los límites y cultivar la empatía hacia las víctimas, erradicando la normalización de la agresión bajo el pretexto de juegos de muchachos»
Fernando Pereira
Coordinador de Cecodap
La ruta institucional inicia con la mediación escolar entre directiva, docentes y representantes. De persistir la agresión, procede la denuncia formal ante el Cpnna, Defensoría, Ministerio Público o Policía Municipal.
Alfabetización digital para la comunidad educativa y las familias
Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, señala que la inmadurez de la corteza prefrontal en los adolescentes —zona encargada de imponer límites— condiciona sus decisiones.
Esta particularidad biológica, sumada a la búsqueda de aceptación grupal, likes y seguidores, empuja a los jóvenes a asumir retos y conductas riesgosas y a veces irresponsables con tal de encajar en su entorno.
Frente a riesgos como el ciberacoso y la discriminación, Pereira insta a padres y educadores a brindar un acompañamiento sin prejuicios, priorizando la escucha activa.
Propone aprovechar «momentos educables» —noticias, tendencias o videos— para entablar conversaciones cotidianas, medir sus límites y cultivar la empatía hacia las víctimas, erradicando la normalización de la agresión bajo el pretexto de «juegos de muchachos».
Asimismo, es vital advertir sobre la responsabilidad penal a partir de los 14 años de edad. La respuesta institucional no debe ser solo punitiva, sino orientada a construir una alfabetización digital crítica para un uso ético de las tecnologías.


El anonimato que otorgan las cuentas ficticias en redes sociales ampara a los agresores y dificulta la detección temprana del bullying (Imagen creada con IA)

